La voluntad del pueblo, el respeto a la tierra y el deber del gobierno de escuchar
POR: JUAN GABRIEL MARTÍNEZ S. – abogado. Reside en Santiago Rodríguez.
“Renunciar a la libertad es renunciar a la calidad de hombre, a los derechos de la humanidad e incluso a sus deberes”, expresó Jean-Jacques Rousseau en El Contrato Social.
Desde esa visión, y como ciudadano con plena facultad constitucional y moral para emitir opinión ante la sociedad, entiendo que ningún gobierno debe ser indiferente cuando el pueblo se manifiesta de manera legítima, pacífica y consciente en defensa de sus recursos naturales, de su tierra y de su derecho a vivir en un ambiente sano.
Voluntad del pueblo y defensa del agua frente a la minería
La Constitución dominicana es clara cuando establece, en su artículo 2, que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes”. Esto significa que el poder público no nace de la comodidad de los funcionarios ni de los intereses económicos de determinados sectores, sino de la voluntad popular. Por tanto, cuando una comunidad levanta su voz, cuando un pueblo se moviliza y cuando una sociedad expresa temor razonable frente a un proyecto que puede comprometer sus aguas, sus montañas, su agricultura y su futuro, el deber del Gobierno no es guardar silencio ni responder con presencia militar intimidante, sino escuchar, pronunciarse y fijar una posición clara a favor del interés nacional.
La protesta pacífica no debe ser vista como una amenaza al orden público. Al contrario, constituye una expresión legítima de ciudadanía, amparada también por la libertad de expresión, la libertad de reunión y el derecho de participación en los asuntos públicos. Enviar militares frente a una manifestación pacífica no contribuye al diálogo; más bien puede caldear los ánimos, generar desconfianza y transmitir al pueblo un mensaje innecesario de intimidación. El Estado está llamado a proteger al ciudadano, no a colocarse frente a él como si reclamar agua, tierra y vida fuera un acto de rebeldía.
La preocupación por la explotación minera no nace del capricho ni de la ignorancia. Nace de la experiencia. Ahí está Cotuí como referencia dolorosa de los efectos que puede dejar la minería cuando la ambición por el oro se impone sobre la prudencia, la salud ambiental y la dignidad de las comunidades. Todo el oro del mundo no puede resarcir plenamente el daño provocado a una fuente de agua contaminada, a una montaña destruida, a una tierra improductiva o a una población condenada a vivir con temor por su salud y su futuro.
He escuchado a algunos comunicadores de cobertura nacional plantear, con pretensiones quizás intelectuales, que debe permitirse la exploración para saber cuánto oro reposa debajo de nuestras cordilleras. Respeto esas opiniones, pero desde mi humilde visión ciudadana entiendo que la verdadera exploración que debe impulsar el Gobierno no es la que busca abrir nuestras montañas para medir riquezas minerales, sino aquella que estudie cómo desarrollar la agricultura, proteger el agua, recuperar las capas vegetales y convertir nuestros campos en centros de producción sostenible.
San Juan y otras zonas agrícolas del país no necesitan más incertidumbre minera; necesitan inversión sería en tecnología agrícola, asistencia técnica, sistemas de riego, protección de cuencas, reforestación planificada y políticas públicas que fortalezcan la producción nacional. Si es necesario contratar técnicos de Israel o de cualquier otro país con experiencia avanzada en agricultura, manejo eficiente del agua y producción sostenible, que se haga. Esa sería una verdadera visión de desarrollo: producir alimentos, conservar la tierra, proteger las montañas y garantizar agua para las presentes y futuras generaciones.
La propia Constitución, en su artículo 67, impone al Estado el deber de prevenir la contaminación, proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones. Ese mandato no es decorativo. Es una obligación constitucional. Gobernar no es solo administrar permisos, contratos o concesiones; gobernar también es proteger el patrimonio natural de la nación, especialmente cuando se trata de recursos que no pueden ser reemplazados una vez destruidos.
Somos media isla, con apenas unos 48 mil kilómetros cuadrados. No tenemos territorio de sobra para experimentar irresponsablemente con nuestras fuentes de vida. Si destruimos nuestras montañas, si contaminamos nuestras aguas y si dañamos la tierra que produce nuestros alimentos, ¿hacia dónde iremos después? ¿Qué país les dejaremos a nuestros hijos? ¿De qué servirá una riqueza momentánea si a cambio dejamos pobreza ambiental, enfermedades, suelos degradados y comunidades condenadas a cargar con las consecuencias?
No es suficiente decir que se tomarán “las medidas necesarias”. La experiencia demuestra que muchas veces esa supuesta sostenibilidad termina siendo un discurso bonito para justificar daños irreversibles. La sostenibilidad no puede ser una promesa escrita en papeles técnicos mientras el pueblo teme por su agua, por su tierra y por su futuro. El desarrollo verdadero debe armonizar la economía con la vida, la producción con la naturaleza y la inversión con la dignidad humana.
Por eso, entiendo que el Gobierno debe pronunciarse con claridad, no contra el pueblo, sino junto al pueblo. Debe escuchar las manifestaciones, respetar la voluntad popular y asumir una postura responsable frente a cualquier proyecto que pueda comprometer nuestras cordilleras, nuestras fuentes acuíferas y nuestra capacidad de producir alimentos.
No más indiferencia. No más intimidación frente a manifestaciones pacíficas. No más explotación minera sin una conciencia profunda de sus consecuencias. Sí al agua. Sí a la agricultura. Sí a la protección de nuestras montañas. Sí a la vida. Sí a una República Dominicana que entienda que la verdadera riqueza no está solamente debajo de la tierra, sino en la tierra misma, en el agua que corre por sus montañas, en los alimentos que produce y en la dignidad de un pueblo que tiene derecho a defender su futuro.
Juan Gabriel Martínez Saint-Hilaire
Abogado
