La violencia viene en muchas formas
POR HANNA BUENO – escritor. Reside en Santo Domingo.
La violencia no es una condena biológica ni un defecto inevitable grabado en nuestro código genético. Es una conducta aprendida, validada y reproducida. En la República Dominicana esa conducta no se limita al golpe ni al insulto: se expresa también —y de forma sistemática— a través del dinero. El control económico, la dependencia forzada y la explotación de las circunstancias del otro constituyen una de las formas más eficaces y menos sancionadas de dominación.
La violencia económica también es una forma de dominación
Las cifras de homicidios lo confirman con crudeza. Según el Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (CADSECI), el país cerró 2025 con 951 homicidios intencionales (tasa de 8.7 por cada 100.000 habitantes). Entre el 47 % y el 59 % de esas muertes se originan en conflictividad social: riñas vecinales, discusiones de tránsito, deudas, linderos. Nos matamos entre conocidos.
Entre los menores de edad, los datos disponibles muestran una proporción menor pero alarmante: según el análisis de UNICEF sobre derechos de niños, niñas y adolescentes ante las violencias en República Dominicana, entre 2018 y 2022 se registraron 212 homicidios intencionales de NNA de un total de 5.643 casos (aproximadamente el 3,8 %). En 2025, solo en feminicidios infantiles de niñas menores de 14 años se contabilizaron 11 víctimas, la cifra más alta del periodo 2021-2025 (41 en total en esos cinco años), la mayoría ocurridos en el entorno familiar.
La distribución por sexo revela una realidad aún más contundente. De acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) correspondientes a 2024, el 87.9 % de las víctimas de homicidios intencionales fueron hombres y solo el 12.1 % fueron mujeres. Parece ser una estadística balanceada (!). La tasa de homicidios entre hombres alcanzó 16.99 por cada 100.000, frente a apenas 2.33 por cada 100.000 mujeres. Los hombres mueren de forma abrumadora en riñas y disputas interpersonales (alrededor del 61 % de sus casos), mientras que en las mujeres cerca del 70 % de los homicidios están vinculados a conflictos intrafamiliares o violencia de género. Es decir: los hombres se matan entre sí en la calle y en las peleas de patio; las mujeres mueren, en su gran mayoría, dentro de la casa y a manos de quien debería protegerlas.
Detrás de muchas de esas “riñas” entre hombres y de esos asesinatos de mujeres hay una arquitectura de poder que pocas veces se nombra: la capacidad de uno de avasallar al otro mediante recursos, deudas o la simple amenaza de dejarlo sin nada.
La violencia económica no es un fenómeno marginal. La Encuesta Experimental sobre la Situación de las Mujeres (ENESIM) de la Oficina Nacional de Estadística reveló que el 68.8 % de las mujeres mayores de 15 años ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. De ellas, aproximadamente el 29 % ha sufrido violencia económica o patrimonial: control del salario, negación de dinero para necesidades básicas, sabotaje del empleo o del negocio, ocultamiento de bienes, imposición de deudas. En el quintil de ingresos más bajo, el 25.6 % de las mujeres no tiene ingresos propios. La pobreza monetaria sigue golpeando con más fuerza a las mujeres (18.6 % frente a 15.9 % de los hombres en 2025) y a los hogares con jefatura femenina. Las mujeres dedican, en promedio, más del doble de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Esa carga invisible no es solo “cultura”: es un mecanismo que mantiene a una parte de la población en posición de subordinación permanente.
En el mercado laboral formal e informal, la participación femenina sigue siendo inferior: según datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo del Banco Central y la ONE, las mujeres representan alrededor del 42 % de los ocupados (frente a cerca del 58 % de hombres), con una tasa de participación laboral femenina que ronda el 53-55 % frente a cerca del 76-78 % masculina. Aunque en los últimos años las mujeres han concentrado la mayor parte de los nuevos empleos generados (hasta el 82 % en algunos periodos recientes), la brecha estructural de ocupación y la sobrecarga de cuidados no remunerados mantienen una desigualdad económica profunda.
El dinero se convierte así en arma. Quien controla el acceso a los recursos decide quién come, quién se enferma sin atenderse, quién puede irse y quién se queda. La dependencia económica no es un accidente del mercado; es un producto cultural que se enseña y se legitima. Se enseña cuando al niño se le dice que “el hombre es el que mantiene” y a la niña que “tiene que aguantar porque no tiene dónde ir”. Se legitima cuando la sociedad mira hacia otro lado frente al hombre que retiene el sueldo de su pareja, que le prohíbe trabajar o que la endeuda sistemáticamente. Y se reproduce cuando el Estado responde a la violencia doméstica solo con más policía y más cárcel, sin tocar la estructura de poder que hace posible el avasallamiento.
Esa misma lógica de explotación a través del dinero opera más allá del hogar. El clientelismo político es su versión pública y a gran escala. Estudios recientes muestran que República Dominicana se encuentra entre los países de la región con mayor prevalencia de compra de votos y prácticas clientelares: a casi una cuarta parte de los electores se les ofrecen beneficios a cambio del voto y más de un tercio conoce a alguien a quien le solicitaron apoyo a cambio de dádivas. El intercambio no es horizontal. Es una relación de poder en la que el que tiene recursos (empleo público, materiales de construcción, efectivo, medicamentos, “ayudas”) compra la voluntad de quien no los tiene. El ciudadano se convierte en mercancía temporal.
Y aquí aparece el cinismo más descarnado: pedir votos desde una jeepeta. No es solo una imagen ridícula. Es una forma de violencia simbólica y estructural. El mismo sistema que genera pobreza, dependencia y conflictividad social permite que quienes lo administran desfilen en vehículos de lujo pidiendo el voto de quienes apenas llegan a fin de mes. La jeepeta no es un detalle estético; es la materialización de la distancia de poder. Es el gesto que dice: “yo tengo, tú necesitas; por eso te ofrezco migajas a cambio de tu lealtad”. Esa escena, repetida en cada campaña, normaliza la idea de que la política es un mercado de voluntades y que la desigualdad es el orden natural de las cosas. Es violencia porque convierte la necesidad en moneda de cambio y porque enseña a toda una generación que el poder se mide por lo que se puede comprar —incluyendo personas.
A esto se suma la violencia verbal que se normaliza en los medios de comunicación. Monitoreos del CIPAF y reportes de la Sociedad Interamericana de Prensa han documentado patrones de sensacionalismo, revictimización y lenguaje degradante en la cobertura de violencia de género, con porcentajes de revictimización que en televisión han llegado a superar el 40 % en algunos periodos. En la radio, se ha alertado reiteradamente sobre el uso creciente de insultos, vulgaridades y agresiones verbales como recurso de audiencia. En redes sociales, análisis de discurso de odio muestran volúmenes elevados de mensajes hostiles, muchos de ellos dirigidos a grupos vulnerables, lo que refuerza una cultura de normalización de la agresión verbal que trasciende el ámbito privado y se reproduce públicamente.
Y todavía hay otra capa de esta misma arquitectura de dominación: la violencia que involucra a la población migrante de todas las nacionalidades. Según el Anuario de Muertes Accidentales y Violentas de la ONE 2024, los migrantes haitianos representaron el 10,53 % de todas las muertes por homicidios, suicidios y accidentes (441 de 4.187) y el 16,62 % de los homicidios intencionales (173 de 1.041 víctimas). Es decir, están sobrerrepresentados como víctimas en relación con su peso demográfico estimado.
Como victimarios, los datos oficiales también muestran una participación significativa. Entre 2012 y mediados de 2024 la Policía Nacional registró 1.242 homicidios cometidos por ciudadanos extranjeros; el 98 % de ellos (1.212 casos) fueron atribuidos a nacionales haitianos, mientras que el resto se distribuyó entre otras nacionalidades (venezolanos, colombianos, españoles, franceses, italianos, entre otros) en números muy bajos. En 2024 se reportaron alrededor de 212 homicidios perpetrados por haitianos, lo que equivale a aproximadamente uno de cada cinco homicidios intencionales de ese año. En 2025, la Fuerza de Tarea Conjunta indicó que entre 1,45 y 1,54 puntos de la tasa nacional de homicidios correspondían a hechos donde los involucrados eran extranjeros (principalmente haitianos), lo que implica que la tasa ajustada entre dominicanos sería notablemente más baja.
Estas cifras no deben leerse de forma simplista. La mayoría de los homicidios atribuidos a extranjeros, según las mismas fuentes policiales, surgen de conflictos sociales e interpersonales (riñas, deudas, disputas laborales), no de estructuras criminales organizadas. El migrante aparece, por tanto, en una doble condición estadística: como víctima sobrerrepresentada y como autor de una proporción relevante de los homicidios, concentrada casi exclusivamente en la población haitiana, mientras que el resto de nacionalidades extranjeras aporta una fracción mínima.
La violencia física que termina en el boletín de homicidios y la violencia económica que se vive en silencio dentro de las casas comparten la misma raíz: la legitimación cultural de la dominación. Una sociedad que acepta que el más fuerte (o el que más dinero tiene) imponga su voluntad sobre el más débil, terminará resolviendo las discusiones de patio y las deudas con sangre. Una sociedad que acepta que se pida el voto desde una jeepeta mientras se administra la miseria ajena, no puede sorprenderse cuando el lenguaje de la fuerza se convierte en el único idioma común.
Mientras el debate público se concentre en más patrullaje, más cárceles y más operativos, el mecanismo de explotación seguirá intacto. Porque el problema no es solo quién dispara o quién golpea. Es quién tiene el poder de decidir, a través del dinero y de las circunstancias, quién puede vivir con dignidad y quién debe someterse.
