Estados Unidos amplía su control sobre el petróleo de Venezuela con histórico acuerdo
Washington asegura acceso mayoritario a 65,000 millones de barriles de reservas venezolanas, mientras compañías estadounidenses como Chevron avanzan hacia un mayor control operativo de importantes yacimientos.
Por: Redacción SabanetaSR
Caracas/Washington. – La relación petrolera entre Estados Unidos y Venezuela ha entrado en una etapa sin precedentes. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el viernes 28 de agosto un acuerdo mediante el cual Washington obtendría control mayoritario sobre más de 65,000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano, equivalentes aproximadamente a una quinta parte de las reservas conocidas del país sudamericano.
Petróleo venezolano: así aumenta el control de Estados Unidos
El anuncio es resultado de varias semanas de negociaciones entre funcionarios de ambos gobiernos y empresas privadas, pero forma parte de un proceso mucho más amplio que durante 2026 ha aumentado considerablemente la influencia estadounidense sobre la producción, comercialización y manejo financiero del petróleo venezolano.
De acuerdo con Reuters, Trump afirmó que el entendimiento fue negociado por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez. Washington sostiene que el acuerdo permitirá asegurar una fuente estable de crudo para las refinerías estadounidenses y atraer capital privado hacia la deteriorada infraestructura petrolera de Venezuela.
Estados Unidos tendría mayoría en una nueva empresa petrolera
La dimensión del acuerdo quedó más clara en informaciones obtenidas por Associated Press.
Según un funcionario estadounidense conocedor de las negociaciones, Estados Unidos participaría junto con un operador privado, todavía no identificado públicamente, en la creación de una nueva compañía encargada de desarrollar 17 campos petroleros venezolanos.
El esquema concedería a esa empresa derechos para explotar los campos durante un período que podría alcanzar 100 años.
Más importante aún, Estados Unidos tendría un 55 % de participación efectiva en la producción, mediante una combinación de propiedad en la nueva empresa y derechos para adquirir petróleo a precio de costo, según explicó la fuente a AP.
El crudo adquirido mediante este mecanismo podría utilizarse para abastecer la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos y cubrir determinadas necesidades gubernamentales y militares estadounidenses.
El Gobierno venezolano sostiene, por su parte, que el desarrollo de los 17 campos podría atraer cerca de 100,000 millones de dólares en inversiones privadas y generar alrededor de 209,000 millones de dólares en ingresos fiscales para Venezuela.
Las cifras representan proyecciones gubernamentales y no ingresos ya garantizados.
Chevron también busca mayor control operativo
De manera paralela al acuerdo anunciado por Trump, la petrolera estadounidense Chevron está cerrando negociaciones con el Ministerio de Hidrocarburos y Petróleos de Venezuela (PDVSA) para adaptar sus empresas mixtas al nuevo marco legal venezolano.
Reuters informó que el nuevo esquema permitiría a Chevron obtener mayor control sobre las operaciones y la expansión de algunos campos petroleros, algo que durante décadas estuvo principalmente bajo la conducción de PDVSA.
Uno de los principales proyectos involucrados es Petropiar, dedicado a la producción de crudo pesado en la Faja Petrolífera del Orinoco.
El proyecto podrá expandirse hacia el vecino bloque Ayacucho 8, mientras Chevron negocia ampliar otra operación en la Faja del Orinoco e incluso incorporar una nueva área petrolera a su cartera venezolana.
La compañía ya había firmado en abril un intercambio de activos mediante el cual elevó hasta 49 % su participación en Petroindependencia, al tiempo que incorporó Ayacucho 8 a las operaciones relacionadas con Petropiar.
Washington controla también licencias y canales de comercialización
El poder estadounidense sobre el sector venezolano no depende únicamente de la participación de compañías como Chevron.
El Departamento del Tesoro, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), mantiene un complejo sistema de licencias que determina cuáles empresas pueden negociar, invertir, producir, transportar y comercializar petróleo venezolano.
La Licencia General 50, por ejemplo, permite a determinadas compañías realizar nuevas inversiones, explorar y desarrollar campos, crear empresas conjuntas, comercializar petróleo y procesar los pagos relacionados con esas operaciones.
La Licencia General 52 amplió además las posibilidades de las empresas estadounidenses para realizar operaciones directamente relacionadas con PDVSA, incluyendo inversiones para exploración, producción y desarrollo de hidrocarburos.
Washington también estableció mecanismos específicos para recibir determinados pagos relacionados con el petróleo venezolano mediante cuentas vinculadas al denominado Foreign Government Deposit Funds, creado bajo la Orden Ejecutiva 14373 para resguardar ingresos petroleros venezolanos.
OFAC mantiene instrucciones oficiales para que empresas depositantes tramiten esos pagos a través de mecanismos supervisados por autoridades estadounidenses.
Esto significa que Estados Unidos no solamente ha aumentado su influencia en la extracción del crudo, sino también sobre las autorizaciones, comercialización y parte de la arquitectura financiera utilizada para mover los ingresos petroleros venezolanos.
Venezuela abrió su industria a empresas privadas
El nuevo escenario fue posible después de una profunda reforma a la legislación venezolana de hidrocarburos aprobada a comienzos de 2026.
La modificación redujo parte del monopolio operativo que durante años mantuvo PDVSA y permitió que compañías privadas puedan administrar directamente determinados proyectos, comercializar la producción y recibir ingresos de las ventas incluso cuando sean socios minoritarios del Estado.
Reuters informó en enero que la reforma otorgó mayor autonomía a los operadores privados y creó nuevos modelos contractuales destinados a estimular inversiones extranjeras.
El cambio representa una ruptura importante con el modelo establecido durante los gobiernos de Hugo Chávez, cuando Venezuela obligó a numerosas compañías extranjeras a operar mediante empresas mixtas bajo control mayoritario estatal.
Un acuerdo enorme, pero todavía con interrogantes
Pese al alcance del anuncio, todavía existen aspectos fundamentales que no han sido revelados.
Trump no identificó públicamente todas las compañías participantes, tampoco detalló la estructura jurídica mediante la cual Estados Unidos ejercerá su participación mayoritaria ni publicó la lista completa de los campos incluidos.
Reuters señala que analistas petroleros cuestionan además si un esquema de arrendamiento o control estadounidense durante períodos extremadamente prolongados sería plenamente compatible con la Constitución venezolana y con la legislación petrolera reformada.
También existe un problema práctico: Venezuela posee alrededor de 303,000 millones de barriles de reservas probadas, consideradas las mayores del planeta, pero gran parte corresponde a crudo pesado y extrapesado que requiere inversiones multimillonarias para su extracción, transporte y procesamiento.
Actualmente el país produce aproximadamente 1.25 millones de barriles diarios, muy por debajo de sus niveles históricos y de su potencial geológico.
Por esa razón, incluso si las inversiones prometidas llegan rápidamente, expertos consideran improbable que el nuevo acuerdo produzca un aumento espectacular de la oferta petrolera mundial en el corto plazo.
Lo que sí parece haber cambiado de manera inmediata es el equilibrio de poder alrededor de la industria.
Estados Unidos ya no aparece únicamente como comprador del petróleo venezolano o como autoridad que aplica sanciones. Washington se ha convertido en actor central de las licencias, comercialización, inversiones y financiamiento del sector, mientras negocia ahora una participación mayoritaria sobre decenas de miles de millones de barriles de reservas venezolanas.
El alcance definitivo de ese control dependerá de los contratos que sean firmados y de los detalles jurídicos que todavía deben conocerse.
