Corrupción rampante en el Semma
Maestros demandan no privatizar el seguro
Por: Marcelo Peralta
SANTO DOMINGO, R.D. Miles de maestros y maestras tomaron las calles del Distrito Nacional para deplorar la increíble, rampante corrupción que arropó el Seguro Médico que los ampara que lo descapitalizaron con cientos de millones de pesos, entre ellos 26 millones que gastaron para legalizar en 89 mil 296 contrato de adhesión a 300 pesos cada uno y reclamanando que el SEMMA no sea privatizado.
Los denunciantes y reclamantes a la vez, demandan del gobierno que mande a la cárcel a quienes se robaron el dinero del Seguro SEMMA que afecta a millares de maestros, maestras y sus descendientes.
Afirman que los administradores del Seguro SEMMA han sentado precedentes al dilapidar a través de una oficina de abogados la friolera de 26.8 millones de pesos por la legalización de un contrato de adhesión.
Y dicen que esa inversión se determinó e una auditoría que realizó la Cámara de Cuentas, sin embargo, no lo ha dado a conocer oficialmente
Se afirma que la historia parece insólita, pero que es la pura verdad.
Se cita que todo esto ocurrió en el 2008 y se hizo con un entramado de oscuridad que nadie ha logrado saber todavía los negocios que se hicieron para conseguir que una entidad que administraba el dinero de los más pobres maestros de la región del Caribe cargara con unos honorarios tan onerosos.
Para afiliar los maestros al plan de salud complementario del SEMMA se decidió que cada maestro, y familiar suyo que fuese inscrito en el Seguro Médico, debía firmar un contrato.
La disposición administrativa fue que cada persona pagara la suma de 300 pesos por honorarios a los abogados que prepararon el documento. El contrato fue el mismo en todas partes, y sólo hubo que replicarlo.
Maestros y familiares afiliados al SEMMA suscribieron 89,296 contratos, todos iguales, y por esa acción la firma de abogados notarios PACESA & Asociados, representada por el licenciado Simón Bolívar Cepeda Mena, se embolsilló la cantidad de 26 millones 788 mil 800 pesos, del dinero de los maestros.
Los abogados Parra, Cepeda y Salas (PACESA), con oficinas en la avenida Máximo Gómez No. 41, (Plaza Royal, Suite 307), llegaron al SEMMA sin que el consultor jurídico de la entidad conociera nada sobre su trabajo, incluso tuvieron la suerte de que su pago se hizo mediante transferencia de bancos, sin que quedara algún rastro de la emisión de cheques a su favor.
Y para ratificar en despilfarro, el SEMMA decidió pagarle 478 mil pesos al tesorero de esa entidad, señor Luis Alberto Sánchez Paredes, para que realizara un operativo con la finalidad de que los asegurados del SEMMA «firmaran dichos contratos».
Siempre y cuando, este desembolso al tesorero se realizó sin la aprobación del Consejo de Directores, y cuando los auditores de la Cámara de Cuentas indagaron si hubo tal operativo en los lugares visitados se dijo que no tenían conocimientos sobre visitas realizadas.
Y para colmo de males, cuando la Cámara de Cuentas indagó sobre la firma del abogado representante de PACESA, Simón Bolívar Cepeda Mena, en el Departamento de Registro y Control de Firmas de la Procuraduría General de la República, encontró que «difiere de la que contienen cada uno de los contratos elegidos en la muestra».
Un contrato que cojea por todos lados
El procedimiento para seleccionar a PACESA como firma de abogados rompió todos los procedimientos legales, comenzando por el Manual de Funciones del Departamento Legal del SEMMA, que lo dirige Freddy Madera, esposo de la senadora Cristina Lizardo, de la provincia Santo Domingo y una de las tres mujeres miembras del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana.
También contraviene la Ley 89-05 sobre Notarios, y la Ley 340-06 que regula las compras y contrataciones públicas.
El informe preliminar de la Cámara de Cuentas dice que al indagar sobre la contratación de esta empresa, el SEMMA explicó que «fue escogida como todos los servicios contratados…se selecciona la oferta de menos precios y se ponderan los requisitos para tales fines. Además de que estos trabajos se hacen en la institución administrativamente».
Pero el consultor jurídico del SEMMA, Freddy Madera, dijo que su departamento desconocía todo lo relativo a la selección de la firma para los contratos de salud complementaria.
No obstante, en una comunicación del 29 de abril del 2010 el encargado del Departamento Legal había escrito que el SEMMA no se acogió a la ley 340-06 y que la contratación tampoco fue aprobada por el Consejo de Directores de esta institución.
Además, el suscrito desconocía que se eligiera esa firma de abogados para realizar el servicio profesional».
La nota de los auditores sobre el particular no puede ser más terminante, y aparece en negrita en el informe: «No se tiene certeza sobre la veracidad de los trabajos y los gastos incurridos en estos operativos».
PACESA, la dichosa oficina de abogados
Esta es una firma de abogados, ubicada en la suite 307 del edificio Plaza Royal, en la avenida Máximo Gómez No.41.
El abogado Juan Robles, por la vía telefónica, y tratando de obtener los nombres completos de los abogados Parra, Cepeda y Salas, resultó imposible.
Sin embargo, se dijo que los abogados de PACESA y Asociados llegaron al SEMMA por vía del auditor de la entidad, Eddy Terrero y que, posteriormente, Melanio Paredes, entonces ministro de Educación, y Bélgica Díaz, quien había sido asistente de Paredes cuando fue director de la Autoridad Portuaria, influyeron y facilitaron la aprobación de la contratación.
Las calidades de PACESA
En torno a los integrantes de la firma PACESA y Asociados tiene una historia más antigua.
Según una comunicación del 28 de abril del 2008, de Marcelino Rijo Guzmán, director financiero administrativo del SEMMA, dirigida a Glauco González Jiménez, director ejecutivo, para legalizar una partida de 16,802 contratos del seguro complementario fue seleccionada la firma PACESA y asociados, «salvo su mejor parecer».
Explicaba entonces que esta firma «ofrece seguridad en el tiempo de realización dado que debemos remitir los mismos a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) a la mayor brevedad posible, y así cumplir con las resoluciones Nos. 110, 137, 138, 139 y 144 del año 2007 y recomendaciones del Departamento de Auditoría de la institución».
Y deja caer la siguiente joya en la referida carta: «De ser posible, la oficina de abogados PACESA y Asociados sugiere que se le realicen los pagos vía transferencia electrónica, a un costo de 300 pesos por cada contrato.
Con esta carta PACESA se ganaba, por sus servicios de legalización, 5 millones de pesos y solicitaba transferencia electrónica del pago, en vez de hacerse por medio de cheques con todos los controles contables, administrativos y legales que deben regir para el Estado dominicano.
