Llevan ante el TC artículos del Código Penal por posibles límites a la libertad de expresión
Por: Redacción SabanetaSR
Santo Domingo, RD. – El Tribunal Constitucional (TC) deberá examinar varios artículos del nuevo Código Penal luego de recibir una acción directa de inconstitucionalidad que cuestiona disposiciones consideradas potencialmente restrictivas para la libertad de expresión, el acceso a la información y el ejercicio periodístico.
Cuestionan artículos del Código Penal por su impacto en la libertad de expresión
El recurso impugna los artículos 192, 208, 209, 210, 211 y 310 de la Ley Orgánica 74-25. La acción fue presentada por los comunicadores Ricardo Augusto Ripoll García y Eduardo Daniel Sánchez Tolentino, vinculados a la plataforma Somos Pueblo, mediante los abogados Pedro Virginio Balbuena Batista y Francisco Alejandro Aristy García.
De acuerdo con informaciones publicadas por Listín Diario y el periodista Ramón Cruz Benzán, los accionantes entienden que determinadas disposiciones del Código Penal establecen sanciones que podrían afectar la crítica sobre asuntos de interés público.
Cuestionan impacto sobre el ejercicio periodístico
Uno de los principales argumentos expuestos ante el TC señala que las normas cuestionadas no establecerían una diferenciación suficientemente clara entre expresiones malintencionadas contra el honor de una persona y opiniones, investigaciones o críticas relacionadas con asuntos públicos.
El abogado Pedro Balbuena sostiene que esta situación podría generar un efecto inhibidor sobre periodistas y ciudadanos que fiscalizan las actuaciones de funcionarios e instituciones.
Según reseñaron Listín Diario y Ramón Cruz Benzán, el jurista también planteó la posibilidad de que el Congreso Nacional conceda una prórroga que permita revisar los artículos controvertidos antes de la aplicación definitiva del Código Penal.
Alegan falta de proporcionalidad en las penas
La acción constitucional cuestiona además la proporcionalidad de las sanciones vinculadas con expresiones escritas o verbales frente a las establecidas para otros delitos.
Los recurrentes alegan posibles contradicciones con los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, así como con las garantías sobre libertad de expresión contempladas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Como parte de sus argumentos, los abogados hacen referencia al caso Kimel vs. Argentina, decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del debate sobre el uso del derecho penal frente a expresiones relacionadas con asuntos de interés público.
Condiciones carcelarias entran en el debate
La demanda también incorpora la situación penitenciaria dominicana como elemento para cuestionar las consecuencias de imponer penas de prisión por este tipo de infracciones.
Los accionantes argumentan que el hacinamiento y las condiciones existentes en los centros penitenciarios pueden agravar considerablemente los efectos de una condena.
Con el recurso, el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse sobre un debate sensible alrededor del Código Penal: hasta dónde puede llegar la protección del honor sin imponer restricciones desproporcionadas al derecho ciudadano de informar, investigar, criticar y fiscalizar los asuntos de interés público.
