Acusan a mujer vinculada a RD de liderar red de matrimonios falsos
Fiscales federales aseguran que la organización operó durante más de una década en Massachusetts, cobraba hasta US$40,000 por caso y habría generado millones de dólares.
Por: Redacción SabanetaSR
Boston, Estados Unidos. – Autoridades federales estadounidenses acusaron a seis personas de integrar una red de matrimonios falsos que presuntamente operó durante más de una década en Massachusetts con el propósito de facilitar beneficios migratorios a extranjeros sin estatus legal.
La investigación identifica a Jennifer González, de 43 años y residente en Fall River, como la supuesta líder de la organización. Según la Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts, los clientes pagaban entre US$38,000 y US$40,000 para participar en matrimonios simulados con ciudadanos estadounidenses.
Las autoridades sostienen que la red de matrimonios falsos organizaba aproximadamente entre 18 y 20 uniones por año y que González habría obtenido cientos de miles de dólares anuales durante al menos una década.
Red de matrimonios falsos habría generado millones
De acuerdo con Reuters, los fiscales calculan que el esquema habría generado más de US$6 millones y facilitado cientos de matrimonios fraudulentos durante aproximadamente 12 años.
La acusación sostiene que González buscaba ciudadanos estadounidenses dispuestos a casarse con los clientes de la organización y coordinaba pagos a quienes aceptaban participar.
La red de matrimonios falsos supuestamente también orientaba a las parejas sobre cómo aparentar una relación legítima ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Entre las estrategias mencionadas por los investigadores figuran abrir cuentas bancarias conjuntas, adquirir seguros de vida y tomarse fotografías juntos para crear documentación que pudiera ser presentada durante los trámites migratorios.
Según documentos judiciales divulgados por el Departamento de Justicia, los clientes podían tardar entre tres y cuatro meses preparando pruebas destinadas a aparentar que el matrimonio era auténtico.
Grabaciones forman parte de la investigación
Las autoridades aseguran haber obtenido grabaciones de audio y video durante la investigación de la red de matrimonios falsos.
En uno de esos encuentros, González habría recibido US$3,000 como pago inicial y explicado cómo utilizar un contrato presentado como préstamo para evitar que el documento revelara directamente el propósito de la transacción.
Los fiscales también sostienen que algunos clientes realizaban pagos mensuales de alrededor de US$500 a sus supuestos cónyuges o a personas cercanas a ellos.
La investigación fue desarrollada conjuntamente por Homeland Security Investigations, USCIS y otras agencias federales.
Dinero habría sido invertido en República Dominicana
Uno de los elementos que conecta el caso con República Dominicana aparece en las propias acusaciones federales.
Según el Departamento de Justicia, González habría señalado en conversaciones grabadas que utilizaba parte de las ganancias de la red de matrimonios falsos para adquirir propiedades y negocios en República Dominicana, territorio al que se habría referido repetidamente como “su país”.
Reuters también reportó que los investigadores sostienen que la mujer compró propiedades en territorio dominicano mientras presuntamente dirigía el esquema desde Massachusetts.
La información oficial, sin embargo, identifica a González como ciudadana estadounidense y no establece expresamente en el comunicado que posea nacionalidad dominicana.
Seis personas enfrentan cargos
Además de Jennifer González, fueron acusadas Erica Daniels, Chreise Alejandro, Amara Pugh, Jessica Tavares y Jaylin Hill.
Los fiscales aseguran que varios de los imputados participaron directamente en matrimonios con clientes de la red de matrimonios falsos, mientras otros desempeñaban funciones administrativas o de coordinación.
Los cargos incluyen conspiración para cometer fraude matrimonial, fraude matrimonial, conspiración para albergar inmigrantes sin estatus legal y delitos relacionados.
Algunas de esas acusaciones pueden conllevar penas de hasta diez años de prisión, además de multas de hasta US$250,000, aunque una eventual sentencia dependerá del proceso judicial y de los cargos por los que cada acusado resulte condenado.
La Fiscalía Federal de Massachusetts enfatizó que la investigación continúa.
Las autoridades también recordaron que las afirmaciones contenidas en la acusación son alegaciones. González y los demás imputados se presumen inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.