Nuevo Código Penal de República Dominicana: la reforma que transforma la justicia después de más de 140 años
ESPECIAL | NUEVO CÓDIGO PENAL DOMINICANO
La entrada en vigor de la Ley 74-25 marca el mayor cambio en la legislación penal dominicana desde 1884. Este especial analiza las principales transformaciones del nuevo Código Penal, los delitos incorporados, el endurecimiento de las penas y el impacto que tendrá en el sistema de justicia y en la sociedad.
Capítulo I de III
Del Código de 1884 a la Ley 74-25: cómo se gestó la mayor reforma penal de la República Dominicana
Por: Juan Pablo Bourdierd.
Santo Domingo, RD. – El Nuevo Código Penal de República Dominicana entra en vigencia como una de las transformaciones jurídicas más importantes de las últimas décadas. La Ley 74-25 sustituye la legislación penal de 1884 e incorpora nuevas infracciones, sanciones, principios jurídicos y mecanismos de protección para las víctimas.
El Código Penal de 1884, inspirado en el modelo francés del siglo XIX, permaneció vigente durante generaciones y fue objeto de múltiples modificaciones parciales. Sin embargo, la evolución de la sociedad, la aparición de nuevas formas de criminalidad y las transformaciones tecnológicas hicieron cada vez más evidente la necesidad de contar con un marco jurídico adaptado a la realidad del siglo XXI.
Nuevo Código Penal de República Dominicana: las claves de la reforma que sustituye la legislación de 1884
Tras más de dos décadas de debates legislativos, consultas, modificaciones y observaciones de distintos sectores sociales, jurídicos y políticos, el Congreso Nacional aprobó la Ley 74-25, considerada una de las reformas jurídicas más trascendentales desde la promulgación de la Constitución de 2010.
El Nuevo Código Penal de República Dominicana no solo aumenta las penas ni crea nuevos delitos. También redefine la estructura del Derecho Penal dominicano, incorpora principios constitucionales modernos, reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas y fortalece la protección de las víctimas. Además, dota al Ministerio Público y a los tribunales de herramientas más amplias para enfrentar fenómenos como la corrupción administrativa, la delincuencia organizada, los delitos tecnológicos y las distintas manifestaciones de violencia.
La propia ley reconoce que el Código de 1884 ya no respondía de manera eficaz a las necesidades de prevención, persecución y sanción de las infracciones que hoy afectan a la sociedad dominicana, razón por la cual era imprescindible una reforma integral.
Un Código que nació en otra época
Cuando el antiguo Código Penal fue promulgado en agosto de 1884, la República Dominicana era un país eminentemente agrícola, con poco más de medio millón de habitantes y una realidad completamente distinta a la actual.
En aquella época no existían delitos como el lavado de activos, el sicariato, la ciberdelincuencia, las estafas electrónicas, el crimen organizado transnacional, la desaparición forzada, el terrorismo moderno o los ataques informáticos.
Tampoco existían empresas multinacionales con complejas estructuras corporativas, ni redes sociales, plataformas digitales o sistemas financieros globalizados que hoy forman parte de la vida cotidiana.
Con el paso del tiempo, el viejo Código fue siendo modificado mediante decenas de leyes especiales que buscaban llenar los vacíos existentes. Esa dispersión normativa provocó que numerosos delitos estuvieran regulados fuera del Código Penal, dificultando la interpretación uniforme de la legislación.
La Ley 74-25 procura reorganizar gran parte de esas disposiciones dentro de un mismo cuerpo legal, dotando al sistema penal de mayor coherencia y modernidad.
Una reforma esperada durante décadas
La aprobación del nuevo Código Penal fue uno de los procesos legislativos más prolongados de la historia reciente del país.
Durante más de veinte años, distintos proyectos del Nuevo Código Penal de República Dominicana fueron conocidos por el Congreso Nacional sin lograr un consenso definitivo. Las discusiones giraron alrededor de temas altamente sensibles, como la interrupción del embarazo, las penas para determinados delitos, la responsabilidad penal de las empresas, la protección de las mujeres víctimas de violencia y la incorporación de nuevas figuras delictivas.
Cada legislatura reabría el debate y cada nueva versión incorporaba modificaciones sugeridas por juristas, universidades, organizaciones de la sociedad civil, iglesias, gremios profesionales y organismos internacionales.
Finalmente, la Ley 74-25 fue aprobada y promulgada, estableciéndose un período de vacatio legis para permitir que jueces, fiscales, defensores públicos, abogados y demás operadores del sistema de justicia se prepararan para su aplicación. Ese período concluyó con la entrada en vigor del nuevo Código este 3 de agosto de 2026.
Una nueva filosofía del Derecho Penal
Uno de los aspectos más relevantes del nuevo Código no radica únicamente en las penas o en los nuevos delitos, sino en la filosofía jurídica que inspira toda la legislación.
Desde sus primeros artículos, el Código reconoce la supremacía de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por la República Dominicana. Asimismo, establece que los principios generales del Derecho Penal prevalecen sobre cualquier otra disposición penal contenida en la propia ley.
Entre esos principios figuran:
- el principio de legalidad, según el cual nadie puede ser sancionado por hechos que no estén expresamente definidos por la ley;
- la irretroactividad de la ley penal, salvo cuando beneficie al imputado;
- la interpretación estricta de la norma penal;
- la responsabilidad personal;
- la culpabilidad;
- la proporcionalidad de las penas;
- la humanidad de las sanciones;
- la resocialización del condenado;
- la prohibición del doble juzgamiento por los mismos hechos;
- el principio de intervención mínima del Derecho Penal.
La incorporación expresa de estos principios busca armonizar el Código con la Constitución y fortalecer las garantías del debido proceso.
Cambia la clasificación de las infracciones
Uno de los cambios estructurales más importantes consiste en la eliminación de la clásica división entre crímenes, delitos y contravenciones, vigente durante generaciones.
A partir de ahora, las conductas punibles pasan a clasificarse como:
- infracciones muy graves;
- infracciones graves;
- infracciones leves.
Esta nueva clasificación permite establecer escalas de sanciones más acordes con la gravedad de cada conducta y facilitar la individualización de las penas por parte de los tribunales.
Nuevas escalas de penas
El nuevo Código reorganiza completamente el régimen sancionador.
Las penas privativas de libertad quedan divididas en prisión mayor y prisión menor.
La prisión mayor comprende escalas de:
- cinco a diez años;
- diez a veinte años;
- veinte a treinta años;
- treinta a cuarenta años.
Mientras que la prisión menor contempla:
- dos a cinco años;
- uno a dos años;
- quince días a un año.
Además de la prisión, el Código incorpora multas calculadas sobre el salario mínimo del sector público, así como penas complementarias y medidas de seguimiento sociojudicial que podrán imponerse dependiendo de la naturaleza de la infracción.
La responsabilidad penal alcanza a las empresas
Quizás uno de los cambios más trascendentales de la reforma es el reconocimiento expreso de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Hasta ahora, las empresas respondían principalmente en el ámbito civil o administrativo. Con el Nuevo Código Penal de República Dominicana, una sociedad comercial podrá ser penalmente responsable cuando las infracciones sean cometidas por sus representantes, administradores o empleados en beneficio de la organización y se demuestre la ausencia de mecanismos adecuados de supervisión y control.
Las sanciones incluyen multas, clausura temporal o definitiva de establecimientos, suspensión de licencias, inhabilitaciones e incluso la disolución de la persona jurídica en determinados casos.
La ley también prevé que las empresas puedan reducir su responsabilidad si demuestran que cuentan con programas eficaces de cumplimiento normativo y prevención de delitos. Esta figura, conocida internacionalmente como compliance penal, constituye una de las innovaciones más relevantes incorporadas por la reforma.
Mayor protagonismo para la protección de las víctimas
El nuevo Código también modifica la forma en que el sistema penal protege a las víctimas.
Además de las penas tradicionales, introduce medidas de seguimiento sociojudicial que podrán imponerse una vez cumplida la condena de prisión.
Entre las medidas previstas por el Nuevo Código Penal de República Dominicana figuran la prohibición de acercarse a la víctima, la obligación de informar cambios de residencia, la asistencia a programas de reeducación para agresores, las restricciones para portar armas y la inscripción en el registro de agresores sexuales cuando corresponda.
Estas medidas buscan reducir el riesgo de reincidencia y ofrecer una protección más efectiva a quienes han sufrido las consecuencias de una infracción penal.
Un sistema más flexible para la ejecución de las penas
La reforma también incorpora modalidades modernas para el cumplimiento de determinadas condenas, especialmente en infracciones de menor gravedad.
Entre ellas figuran la semilibertad, el fraccionamiento de la pena, la prisión nocturna y el cumplimiento durante fines de semana o días feriados, siempre bajo condiciones específicas y con autorización judicial.
Estas alternativas responden a una visión orientada a favorecer la reinserción social del condenado sin renunciar a la función sancionadora del Estado.
El inicio de una nueva etapa
Sin embargo, la verdadera dimensión de esta reforma solo podrá medirse a partir de su aplicación por los tribunales y del impacto que tenga en la prevención del delito, la persecución penal y la confianza ciudadana en la justicia.
En el próximo capítulo de este especial analizaremos los nuevos delitos incorporados por la Ley 74-25, las conductas que antes no estaban tipificadas de forma expresa y las principales diferencias entre el nuevo Código y la legislación que rigió durante más de un siglo.
