Contratistas exigen transparencia en ejecución de Ley 16-26 para saldar deudas del Estado
Por: SabanetaSR.com
Santo Domingo, RD. — La incertidumbre crece entre decenas de contratistas del Estado ante la ausencia de información oficial sobre la puesta en marcha de la Ley 16-26, aprobada recientemente con el propósito de ordenar el proceso de validación y pago de compromisos económicos pendientes con suplidores y ejecutores de obras públicas.
Ley 16-26 genera reclamo de contratistas por pagos pendientes
El Comité Institucional Codiano (CIC) advirtió que, a varias semanas de la promulgación de la normativa, todavía no se han ofrecido detalles concretos sobre los mecanismos que permitirán iniciar la revisión de expedientes y la posterior compensación a los acreedores.
Miguel Liberato, representante de la entidad, sostuvo que la falta de comunicación por parte de las autoridades mantiene en incertidumbre a pequeños y medianos contratistas que llevan años esperando el pago por trabajos realizados para distintas instituciones gubernamentales.
Indicó que uno de los puntos fundamentales contemplados en la legislación es la conformación de una comisión técnica especializada, encargada de evaluar y depurar cada expediente conforme a criterios de legalidad, transparencia y control administrativo.
“El país necesita conocer si esa comisión ya fue integrada, quiénes la conforman y cuáles serán las reglas que regirán el proceso”, expresó Liberato al insistir en la necesidad de que se publique un cronograma oficial de trabajo.
El dirigente gremial señaló además que la situación ha impactado severamente a numerosos contratistas, muchos de ellos de avanzada edad, quienes aseguran haber enfrentado durante años dificultades económicas y problemas de salud derivados de la prolongada espera de pagos.
Según explicó, la preocupación no se limita al aspecto financiero, sino que también involucra consecuencias humanas y familiares para quienes dependen de esos recursos para estabilizar sus condiciones de vida.
El CIC consideró prioritario que las autoridades definan cuanto antes los procedimientos para la recepción, revisión y priorización de los casos pendientes, a fin de evitar mayores retrasos y fortalecer la confianza en la aplicación de la nueva legislación.
La organización reiteró su llamado al Gobierno para que el proceso sea desarrollado con criterios claros y acceso público a la información, garantizando seguridad jurídica y equidad para todos los involucrados.
Con información de Almomento.net
