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La Suprema Corte de Justicia versus el Tribunal Constitucional: un «choque de trenes» innecesario




blankPor Arismendy Rodríguez
  (Profesor de Filosofía y Lógica Jurídica, UAPA)
Desde el momento mismo que en la República Dominicana se avizoró la posibilidad de crear una jurisdicción especializada para ejercer el control de la constitucionalidad por vía concentrada (Tribunal Constitucional), se desataron los demonios.

Algunas personalidades, «sangrando por la herida«, se destaparon afirmando que si se creaba una jurisdicción constitucional fuera de la Suprema Corte de Justicia se produciría un «choque de trenes» o lucha encarnizada para ver cuál instancia tendría la última palabra en materia jurisdiccional.




Lo sucedido recientemente pareciera darle la razón a los nefastos augurios de un sector de la justicia y doctrina jurídica nacional, pues, a propósito de la anulación de una decisión de la SCJ ejercida por el TC, debido a que la Suprema declaró inadmisible un recurso sin la debida motivación, la SCJ ripostó desacatando la decisión del TC.

No obstante el primer encontronazo, la prensa nacional recoge hoy que el TC volvió a anular una sentencia de la SCJ y ya van dos.

El choque parece estarse dando, pero la pregunta debe ser: ¿se justifica tal conflicto? ¿el legislador no fue precavido en la atribución de competencias a la nueva jurisdicción constitucional provocando el actual conflicto?

Sin caer en simplismos teóricos, la respuesta es que NO SE JUSTIFICA, pues las atribuciones del TC fueron bien debatidas incluso en foros abiertos con participación de la sociedad civil, hasta que se culminó aprobando la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, quedando así límpidamente establecido el alcance de las revisiones de las decisiones jurisdiccionales a ser encaminadas por el TC.

Pero desde antes de votarse y aprobarse la Ley 137-11, ya se apreciaba la resuelta decisión del asambleísta revisor de 2010 de dotar a las sentencias evacuadas por el TC de fuerza vinculante de cara a todos los poderes públicos, incluyendo a la Suprema, veamos lo que dispone el artículo 184 de la Constitución:
«Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Gozará de autonomía administrativa y presupuestaria«.

Si se hace una interpretación incluso literal del citado artículo, se apreciará la irrevocabilidad de las decisiones del TC, en pocas palabras, este tiene la última palabra en materia jurisdiccional, no debería haber cabida para el retorcimiento interpretativo para poner a decir a la Constitución lo que esta no dice.

Partiendo del desacato de la SCJ a una decisión del TC, habría que preguntarse qué entiende la Suprema por «definitivo«, «irrevocable» y «vinculante«.

Pero más aún, el legislador adjetivo terminó de ponerlo más claro al precisar en la Ley 137-11, artículo 53: «El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de enero de 2010…» Y, más adelante, en el artículo 54, inciso 10, el legislador concretó: «El tribunal de envío conocerá nuevamente del caso, con estricto apego al criterio establecido por el Tribunal Constitucional en relación del derecho fundamental violado o a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma cuestionada por la vía difusa«.

De manera que, no se justifica el desacato de la SCJ, y lo que se advierte es un interés por vulnerar la seguridad jurídica y los fundamentos del Estado Social y Democrático de Derecho. Debe imponerse la legalidad y la racionalidad, estamos a tiempo. La SCJ y el TC pueden coexistir sin fricciones innecesarias, el objetivo de ambas jurisdicciones en última instancia debe ser trabajar para que prevalezca la legalidad, la seguridad jurídica y el fortalecimiento de las instituciones.
Fuente:




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