Siete de cada diez delitos menores en el Distrito Nacional están ligados al consumo de drogas
Un programa piloto de justicia terapéutica busca transformar la respuesta judicial y reducir la reincidencia en infracciones de baja gravedad
Por: Juan Pablo Bourdierd.
Santo Domingo, RD. – La relación entre criminalidad menor y consumo de sustancias psicoactivas vuelve a encender las alertas en el sistema judicial dominicano. Un reciente análisis de viabilidad reveló que aproximadamente el 70% de los casos de delitos menores procesados en el Distrito Nacional guarda vínculo directo con el uso problemático de drogas.
Delitos menores drogas: vínculo creciente en el Distrito Nacional
El dato fue dado a conocer por la magistrada Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de esta jurisdicción, durante su participación en la Conferencia del Poder Judicial 2026.
Un giro hacia la justicia terapéutica
Lejos del esquema tradicional centrado en el castigo, las autoridades judiciales exploran un modelo alternativo basado en la justicia restaurativa y terapéutica. Esta iniciativa propone abordar el delito desde sus causas estructurales, particularmente cuando estas están relacionadas con problemas de adicción.
Romero explicó que el programa piloto en marcha permite identificar imputados con dependencia a sustancias, bajo criterios técnicos y legales específicos, para someterlos a un proceso supervisado que combina intervención judicial y tratamiento de salud.
“El objetivo es ofrecer una respuesta más integral. El rol del juez no desaparece, pero se amplía para comprender factores de riesgo asociados a la conducta delictiva”, señaló.
Menos castigo, más rehabilitación
El modelo terapéutico introduce un cambio clave: sustituye el enfoque confrontativo entre las partes por uno colaborativo, en el que el tribunal asume un papel activo en el seguimiento del proceso de recuperación del imputado.
Esta metodología no solo busca reducir la reincidencia, sino también descongestionar el sistema judicial, actualmente saturado por procesos relacionados con infracciones menores.
Experiencias regionales: el caso de Puerto Rico
Durante el mismo panel, la jueza Carmen Otero, administradora de Bayamón, expuso la experiencia de Puerto Rico, donde la justicia terapéutica forma parte de la política pública.
Según explicó, el costo anual del sistema penitenciario en la isla supera los 300 millones de dólares, mientras que los programas de tratamiento supervisado representan una alternativa más eficiente tanto en términos económicos como sociales.
“El sistema colaborativo permite que todos los actores trabajen hacia un mismo objetivo: la recuperación del individuo”, indicó.
Hacia un nuevo modelo de justicia
El impulso de este tipo de iniciativas forma parte del Plan de Optimización del Proceso Penal, uno de los ejes estratégicos del sistema judicial dominicano para modernizar su funcionamiento.
La Conferencia del Poder Judicial 2026 reunió a decenas de expertos internacionales y miles de participantes, consolidándose como un espacio de intercambio sobre innovación jurídica en la región.
El consenso entre los especialistas apunta a una transformación profunda: pasar de un modelo centrado exclusivamente en la sanción a uno capaz de intervenir en las causas sociales y de salud que originan el delito.
Fuente:
Con información del Listín Diario y el periodista Ramón Cruz Benzán