Por: José Antonio Torres. josetorres60@hotmail.com
Contrario a lo que esperaba la defensa de los imputados por el caso Odebrecht, de que el expediente se caería en el juicio preliminar por falta de sustentación, el juez Francisco Ortega Polanco apoyó su fallo de enviar a juicio de fondo a seis de los encartados en las voluminosas pruebas aportadas por el Ministerio Público, que fueron el resultado de una larga y profunda labor de recopilación.
Este dictamen confirma lo que había previsto el procurador general de la República, Jean Alan Rodríguez, de que las pruebas eran de tal contundencia que conducirían invariablemente a un juicio de fondo como ha acontecido, sentando un precedente en la lucha contra la corrupción desde la justicia dominicana.
En esa previsión sólo hubo una excepción con la decisión que favoreció a Jesús Vásquez Martínez (Chú), hecho que en vez de restar credibilidad al proceso le dio carácter y respetabilidad al fallo del magistrado, pues demostró que éste actuó con absoluta independencia, sin seguir ningún lineamiento fuera de los datos y argumentaciones contenidos en las pruebas del Ministerio Público.
Como era natural, Vásquez expresó satisfacción al ser excluido del proceso, que consideró justo, ya que desde el primer momento había sostenido su inocencia, y de esta forma puso en una situación un tanto incómoda a su compañero del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista, quien junto a los demás imputados la emprendió contra el juez Ortega Polanco.
Actuando como juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, instancia desde la cual demostró firmeza para no dejarse doblegar en ningún momento, luego de que fuera recusado en más de una ocasión, Ortega Polanco ponderó la importancia que jugaron en el proceso las delaciones premiadas de los ex ejecutivos de Odebrecht y que serían determinantes en el proceso penal, en el caso de los sobornos pagados por la transnacional brasileña.
De esta forma, Ortega Polanco dejó bien en claro la significación que asignaba a esas delaciones, cuya nulidad había sido pedida en el tribunal por los imputados.
En ese sentido, en los fundamentos de su fallo el magistrado considera que las evidencias reunidas por esa vía son válidas porque fueron introducidas al proceso como pruebas documentales y que, por tanto, se ajustan a las excepciones de oralidad establecidas en el Código Procesal Penal.
Asimismo, defendió como legales y pertinentes las pruebas obtenidas por el Ministerio Público con autorizaciones hechas por él como juez del tribunal de la Instrucción Especial, así como por magistrados de la jurisdicción ordinaria.
Ortega
Polanco fue aún más lejos al defender su dictamen, en razón de que negó que
hubiera extemporaneidad en la terminación de las pruebas referentes a
informaciones financieras de los imputados, ya que se obtuvieron con varias
autorizaciones suyas y de otro juez.
Al ponderar el fallo judicial, el procurador Rodríguez destacó que es el primer
caso de corrupción de trascendencia internacional en el que se dicta un auto de
apertura a juicio por los 92 millones de dólares que Odebrecht admitió haber
pagado para la adjudicación en el país de un total de 17 obras entre 2001 y
2001.
Afirmó que con el fallo adoptado contra ex funcionarios, legisladores, ex congresistas y empresarios, se sientan las bases para el comienzo de una nueva etapa institucional en el país para poder enfrentar con rigor los actos de corrupción, lo que interpreta además como una legítima respuesta a un reclamo sentido de la sociedad dominicana.
A
diferencia de lo que esperaban algunos de los imputados como el ex ministro de
Obras Pública, Víctor Díaz Rúa, el juez Ortega Polanco no vio imprecisiones o
incoherencias
En lo adelante, el paso crucial de los imputados será cuando dentro de
alrededor de un mes el caso llegue a la sala penal de la Suprema Corte de
Justicia, en una audiencia que podría ser antes, dentro de 20 días, si los
imputados o el Ministerio Público deciden recurrir la sentencia.
Si dentro del plazo de ley establecido el Ministerio Público no recurre en apelación el no ha lugar que favoreció a Chu Vásquez, el juicio de fondo sería fijado entre 15 a 45 días, en medio de la creciente expectativa de la sociedad y de la opinión pública en particular por un caso que ha tenido repercusión a nivel internacional por ser el mayor en sobornos descubierto, luego de que el 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos denunciara la trama de corrupción de Odebrecht.
Además de Díaz Rúa y de Bautista, en el banquillo de los acusados se sentarán Ángel Rondón, señalado como el enlace entre Odebrecht y los supuestos sobornados: Conrado Pittaluga, quien actuaba como abogado; Tommy Galán, senador por el Partido de la Liberación Dominicana y Roberto Rodríguez, ex director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarrillado (Inapa).
