Comisión de Justicia no ha vuelto a estudiar la pieza que va rumbo a los 4 años. Congresistas admiten que no es prioridad en elecciones
Por: Ismael H, Marisol A
Santo Domingo.- Al alto costo político que arrastra el proyecto de un nuevo Código Penal, en medio de la campaña electoral del 2024, se atribuye la falta de interés en avanzar en su estudio y debate para lograr una aprobación consensuada en el Congreso Nacional.
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Alexis Jiménez, informó que no tiene en agenda continuar con el análisis del proyecto, pues el último bajo estudio perimió por no aprobarse en el plazo reglamentario. Desde l6 de agosto, cuando empezó la actual legislatura, no se ha depositado un proyecto nuevo.
El diputado Jiménez ve como «muy difícil» que el proyecto se apruebe antes de las elecciones del 2024.
«La comisión siempre está abierta a estudiar el proyecto, pero no creo que se someta en un año electoral» Alexis Jiménez, Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados
No obstante, manifestó que la Comisión de Justicia «siempre está abierta» para estudiar el proyecto y rendir un informe «en cualquier dirección», ya sea aprobándolo o rechazándolo.
«Lo que nos queda ahora es esperar porque no estamos apoderados de esa pieza, aunque es muy difícil que algún diputado la someta en plena campaña política», sostuvo Jiménez al precisar que el equipo que dirige está concentrado en otros proyectos, como el del Ministerio de Justicia, al que calificó como «prioritario».
Influencia en el voto
En legislaturas congresuales anteriores, el Código Penal quedaba congelado por la diferencia en las posturas de los congresistas, mayormente en torno al tema del aborto bajo tres causales o la posibilidad de penalizar con cárcel la discriminación a personas de la comunidad LGBTIQ+.
Sin embargo, ahora hay otras razones. Los congresistas admiten que en campaña los temas espinosos que debe incluir un nuevo código generan polémicas no convenientes en un proceso de búsqueda de votos.
Asunto político
A juicio de la diputada Fior Peguero, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), da «mucha tristeza» que el nuevo Código Penal quede detenido por asuntos políticos que no están relacionados con el proyecto.
«Hemos preferido ganar adeptos, ganar votos y dejar atrás lo que verdaderamente necesita el país», precisó al referirse al nuevo Código Penal y al admitir que el costo político de la propuesta legislativa hace que quede detenida en las comisiones.
La representante de San Pedro de Macorís urgió la aprobación del Código Penal porque con el proyecto se modificarían las sanciones a los crímenes cometidos en República Dominicana y, además, se actualizarían las penas conforme a los nuevos delitos tecnológicos.
Lo mismo opina el diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Máximo Castro, quien consideró que el Código Penal, al igual que otros proyectos, no será tema prioritario en la actual legislatura, prevista para concluir el 12 de enero del 2024.
El momento político, unido a las elecciones, «hacen difícil» que el nuevo Código Penal sea sometido a discusión en el Congreso. Vaticinó que lo mismo pasará con otras importantes iniciativas, como la Ley de Agua y la reforma al Sistema de Seguridad Social.
Las discusiones
Los principales debates del Código Penal se han centrado en la despenalización del aborto, las condenas carcelarias por discriminación y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción administrativa.
Sus vaivenes
La polarización que por años han mantenido los sectores religiosos y liberales sobre el aborto no impidió que en el 2014 se aprobara y promulgara una reforma al Código Penal con «eximentes» en la prohibición del aborto. Sin embargo, esa ley, la No.550-14, el Tribunal Constitucional (TC) la declaró inconstitucional porque los diputados la aprobaron violando los procedimientos. Con la sentencia, el TC estableció la continuación de la vigencia del Código Penal, promulgado en 1884, mediante el Decreto-Ley núm. 2274. Previo a la promulgación de la Ley No.550-14, la que aprobó el Congreso, penalizando totalmente el aborto, el Poder Ejecutivo, encabezado por Danilo Medina la observó y la devolvió porque penalizaba el aborto sin excepciones.
