Tribunal condena a 20 años a principales implicados en caso Coral por corrupción contra el Estado
Por: SabanetaSR.com
Santo Domingo, RD. – El caso Coral dejó una de las decisiones judiciales más trascendentales de los últimos años en materia de corrupción administrativa, luego de que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenara a 20 años de prisión al mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, al general Juan Carlos Torres Robiou y al coronel policial Rafael Núñez de Aza, tras encontrarlos culpables de participar en una estructura que, según la justicia, desvió recursos públicos durante varios años.
Caso Coral: condenas contra altos oficiales y civiles
La sentencia de el caso Coral fue emitida luego de un extenso proceso judicial derivado de la denominada Operación Coral, investigación que sacó a la luz un presunto entramado de corrupción que operaba desde organismos militares y de seguridad del Estado. Además de las penas privativas de libertad, el tribunal dispuso una indemnización de RD$5,000 millones a favor del Estado dominicano por los perjuicios ocasionados.
El tribunal estuvo integrado por las juezas Esmirna Gisselle Méndez, quien lo presidió, junto a las magistradas Tania Yunes y Jissel Naranjo. La lectura íntegra del fallo se prolongó por más de once horas y concluyó durante la madrugada de este martes.
De acuerdo con la decisión judicial, Cáceres Silvestre y Torres Robiou fueron hallados responsables de delitos vinculados a asociación de malhechores, desfalco, prevaricación, enriquecimiento ilícito e incremento patrimonial injustificado, entre otras infracciones agravadas por su condición de funcionarios públicos.
En el caso de Rafael Núñez de Aza, el tribunal determinó responsabilidad penal por delitos relacionados con soborno, estafa contra el Estado, lavado de activos, desfalco y asociación de malhechores, dentro del esquema investigado por el Ministerio Público.
Según reportó Almomento.net, la sentencia también alcanzó a la pastora Rossy Guzmán Sánchez, conocida públicamente durante el proceso como una de las figuras vinculadas al caso. La religiosa fue condenada a 15 años de prisión y al pago de una multa equivalente a 300 salarios mínimos del sector público tras ser declarada culpable de enriquecimiento ilícito y participación en la red de corrupción.
Una investigación que se extendió por años
La acusación del Ministerio Público sostuvo que el caso Coral involucró una organización que operó entre 2012 y 2020 utilizando estructuras estatales para obtener beneficios económicos ilegales. Las investigaciones apuntaron principalmente al uso irregular de recursos asignados al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR).
Los fiscales afirmaron que, mediante nóminas irregulares, pagos indebidos, manejo fraudulento de fondos destinados a la alimentación del personal y otras prácticas, los integrantes del grupo lograron acumular bienes y recursos que no podían justificar con sus ingresos legales.
Como parte del proceso, el órgano acusador presentó numerosas pruebas documentales, periciales y testimoniales que, según concluyó el tribunal, permitieron demostrar la existencia de una estructura organizada para sustraer fondos públicos.
Un caso emblemático en la lucha contra la corrupción
La Operación Coral se convirtió en uno de los expedientes de mayor repercusión nacional debido al rango de los acusados y a las dimensiones del supuesto perjuicio económico causado al Estado.
De acuerdo con informaciones divulgadas por el periodista Saúl Pimentel en Almomento.net, el proceso marcó un punto de referencia en la persecución de delitos de corrupción administrativa, al involucrar a altos oficiales militares y funcionarios vinculados a organismos estratégicos de seguridad.
La investigación de el caso Coral comenzó formalmente en 2021 y posteriormente se amplió mediante nuevas líneas de indagación, incluyendo la denominada Operación Coral 5G. Durante años, el expediente ocupó la atención pública y generó un amplio debate sobre los mecanismos de control de los recursos estatales.
El expresidente Medina no fue interrogado
A pesar de que los hechos investigados ocurrieron durante los gobiernos del expresidente Danilo Medina, el exmandatario nunca fue citado ni interrogado dentro del proceso judicial relacionado con el caso Coral.
Con esta sentencia de el caso Coral, la justicia dominicana establece uno de los precedentes más relevantes en materia de sanción a la corrupción pública, imponiendo algunas de las penas más severas registradas contra altos oficiales vinculados al manejo de recursos del Estado.
Fuente:
Con información de Almomento.net / periodista Saul Pimentel
