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Brasil buscaría juzgar en su territorio delitos de Odebrecht cometidos en otros países

Por: O Estado de São Paulo/Breno Pires.

Entre las determinaciones en secreto, el ministro Fachin pide que la PGR se manifieste sobre esta posibilidad; los delatores admitieron operaciones ilícitas de la empresa en 9 países

Brasília. – La parte secreta de la lista de Fachin incluye nueve determinaciones al Ministerio Público Federal para que la Procuraduría Federal de la República se manifieste sobre la posibilidad de que los delitos cometidos en el exterior por el Grupo Odebrecht con agentes extranjeros, públicos o privados, sean juzgados en Brasil.

Ejecutivos y exejecutivos de la empresa constructora admitieron que las operaciones de la contratista en nueve países −Argentina, Venezuela, Ecuador, México, El Salvador, Colombia, Perú, República Dominicana y Angola− contenían prácticas ilegales.

Los valores descritos en las decisiones del relator de la Lava Jato en el Tribunal Supremo (STF), el ministro Edson Fachin, ascendieron a US$65,68 millones, apenas una fracción del total que el grupo ha admitido haber pagado en sobornos al nivel internacional.

Hay informes de soborno que involucran varias obras en América Latina, como el metro en Caracas, Venezuela, y los Sistemas Troncales de Argentina.

Delatores revelaron pagos de US1 millón a un representante del Ministerio de Energía de Ecuador con el fin de obtener la liberación del financiamiento de la Central Hidroeléctrica de Toachi Pilatón. También pagaron dinero a las campañas electorales presidenciales en El Salvador –de Mauricio Funes, que habría recibido R$5,3 millones− y de Perú, de Ollanta Humala, que habría recibido US$3 millones.

En África, un ministro de Angola, cuya identidad no ha sido revelada, habría recibido US$20 millones para actuar a favor de los intereses de la compañía.

Ejecutivos y exejecutivos de la empresa constructora admitieron que las operaciones de la contratista en nueve países −Argentina, Venezuela, Ecuador, México, El Salvador, Colombia, Perú, República Dominicana y Angola− contenían prácticas ilegales.

Un nombre revelado es el de Emilio Lozoya, que habría recibido US$5 millones cuando fue presidente de Pemex, la compañía petrolera estatal de México, como contrapartida a beneficios indebidos obtenidos por Odebrecht.

En la mayoría de los casos, los pagos fueron ejecutados por el Sector de Operaciones Estructurado de Odebrecht, el llamado “departamento de sobornos” de la empresa.

Jurisdicción

Lo que el Tribunal Supremo y la Fiscalía General de la República deben decidir en este punto es si los delitos cometidos en el extranjero están sujetos a la jurisdicción brasileña.

Para establecer esto, Fachin pidió al fiscal que se manifieste a la luz de dos artículos del Código Penal brasileño, teniendo en cuenta el principio de territorialidad (lugar donde se cometió el delito en su totalidad o en parte) y la posibilidad de aplicación del Art. 337-B que trata del delito de corrupción activa (soborno) en las transacciones comerciales internacionales.

Independientemente de haber investigado o no en Brasil, la Procuraduría General de la República ahora puede comunicar al exterior los hechos narrados por los informantes, para que pueda haber investigación en el extranjero.

Nuevos acuerdos

El ministro Fachin mantiene la confidencialidad de los procedimientos de estos nueve casos, a petición de la PGR, que informó tener conversaciones entre el Grupo Odebrecht y algunos países para firmar acuerdos de colaboración, como el que se ha hecho en Brasil, admitiendo los delitos, el pago de las multas y la identificación de los funcionarios públicos corruptos, sin necesidad de encerrar las actividades en el lugar.

La PGR se ha comprometido a mantener la confidencialidad hasta el 1 de junio con los colaboradores, mientras estos negocian acuerdos. Este medio encontró que ya están muy avanzadas las negociaciones de Odebrecht en Perú, Colombia y en República Dominicana.

En diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Odebrecht y Braskem pagaron más de US$1 mil millones para distribuir soborno y fraude por el mundo.

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