La Ley 28-01 desde el prisma constitucional

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Por: Arismendy Rodríguez
      (Profesor de Filosofía y Lógica Jurídica, UAPA)
Desde hace un tiempo, grupos hegemónicos del empresariado dominicano han desatado un agresivo activismo mediático en procura de cercenar las exenciones fiscales contempladas en la Ley 28-01 que crea una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, abarcando las provincias de Pedernales, Independencia, Bahoruco, Elías Piña, Dajabón, Montecristi y Santiago Rodríguez.

Dicho instrumento legislativo del año 2001, crea facilidades o incentivos especiales a empresas que se radiquen en la zona, observando ciertos requerimientos. Todo ello, procurando promover y guiar un flujo de inversiones suficientes que incidan en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la deprimida y, siempre olvidada, zona fronteriza.

Los beneficios generados por la entrada en vigencia de la referida ley son cuantiosos. Hoy por hoy, empresas como Nort West Industria, Diapers Worldwide, Everlast Doors y Kola Real, son ejemplos fehacientes de cómo el dinamismo económico impacta positivamente en la vida de la gente, traducido en fuentes de trabajos decentes y de calidad. Por primera vez, desde la fundación de la República, la región de la frontera cuenta con una verdadera plataforma instituida legalmente para catalizar su desarrollo en el corto, mediano y largo plazo.

Pero, como se dice en buen dominicano, «la alegría en casa pobre, dura poco», apenas entró en vigencia la ley, la oligarquía del empresariado dominicano enfiló sus cañones y no ha cedido un ápice en su malicioso intento de cercenar lo que constituye quizás la última oportunidad de desarrollo de las deprimidas provincias.

En la andanada de ataques desplegados por la élite empresarial se recuerda el intento fallido de erosionar los beneficios contemplados en la ley 28-01 en el año 2005, cuando el Legislativo aprobó la Ley 236-05 que introdujo modificaciones sustanciales a la 28-01. Pero, en un acto de valentía de la Suprema Corte de Justicia, la Ley 236-05 fue declarada no conforme a la Constitución y, por tanto, quedaron anulados sus nocivos efectos.

En aquel entonces la ley 28-01 logró superar la primera prueba de fuego, pero hoy vuelven a resurgir con renovado ímpetu los eternos enemigos de la pieza legislativa; en estos momentos se les ha vuelto a abrir un resquicio legislativo que creíamos cerrado para siempre, pues, resulta que el artículo 36 de la ley 253-12 (de Reforma Fiscal) establece que el Congreso Nacional deberá abocarse, en un plazo no mayor de 60 días, a la revisión de la Ley 28-01.

Casi botando espumas por la boca, la flor y nata del empresariado dominicano denuncia día tras día las «graves distorsiones y perjuicios» que crea la vigencia de la ley de desarrollo fronterizo. Se quejan de los 1,100 millones que supuestamente deja de percibir el Estado por las exenciones fiscales a favor de las empresas fronterizas, pero son ciegos, sordos y mudos respecto de los 3,000 millones que el mismo Estado deja de percibir por las exoneraciones que se otorgan al empresariado de la élite. En un acto de oportunismo sin parangón, mueven sus piezas y extienden sus tentáculos en los sectores de poder público para hacer valer sus reclamos e incidir en una posible reforma de la ley, que termine beneficiándole e instaurando con todo su vigor el esquema de inequidad monopolista en la franja fronteriza.

Sin embargo, auguramos que, a pesar del gran poder económico que hay de por medio, las intenciones de revisión de la ley para descontinuar los incentivos fiscales de las empresas de la zona fronteriza no logrará su cometido. Pues, si no lo lograron en el 2005, cuando contábamos con una Constitución más tímida en el resguardo de los intereses de la frontera y carecíamos de una jurisdicción constitucional propiamente dicha; menos ahora, cuya Constitución de 2010 se erige en verdadero valladar ante las mezquinas pretensiones, solo basta con echar una mirada a lo contemplado en artículo 10, relativo al régimen fronterizo:

«Se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la Zona Fronteriza, su integración vial, comunicacional y productiva, así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo dominicano. En consecuencia: 1) Los poderes públicos elaborarán, ejecutarán y priorizarán políticas y programas de inversión pública en obras sociales y de infraestructura para asegurar estos objetivos; 2) El régimen de adquisición y transferencia de la propiedad inmobiliaria en la Zona Fronteriza estará sometido a requisitos legales específicos que privilegien la propiedad de los dominicanos y dominicanas y el interés nacional».

Y el artículo 221, parte in fine, le pone la tapa al pomo, cuando contempla:

«La ley podrá conceder tratamientos especiales a las inversiones que se localicen en zonas de menor grado de desarrollo o en actividades de interés nacional, en particular las ubicadas en las provincias fronterizas».

El constituyente de 2010 fue bastante precavido y, en un acto de suprema clarividencia y lucidez, blindó cualquier intento futuro de actuar en detrimento del fortalecimiento del desarrollo de las provincias de la frontera. De manera que, cualquier revisión de la ley 28-01, deberá conducir necesariamente hacia una optimización de los incentivos a favor de las empresas radicadas en la frontera, pero jamás deberá suponer su lesión, so pena de chocar de frente con principios constitucionalmente consagrados y degenerar en inconstitucional.
Fuente:

Enviado por: Dilmarys Cuello

1 Comentario

  1. Felicito al profesor Arismendy Ropdriguez por este acertado y bien elaborado artículo, yo diría que un juicioso documento que refleja el sentir del 99.99% de los dominicanos. El chin que sobra, hum, oh, no…»Pobrecito patrón, el piensa que el pob

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