Imponen garantía económica a empleadas de colegio por muerte de niña Stephora en excursión
Tres trabajadoras deberán pagar RD$500,000 y presentarse periódicamente; la directora queda libre de cargos mientras el Ministerio Público anuncia apelación.
Por: Juan Pablo Bourdierd.
Santiago, RD. – El Juzgado de Atención Permanente de Santiago impuso este martes una garantía económica de 500,000 pesos y presentación periódica a tres empleadas del Instituto Integral Leonardo Da Vinci, investigadas por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph durante una excursión escolar. La medida fue dispuesta por la jueza Yerixa Cabral, decisión que será apelada por el Ministerio Público.
Las imputadas son Yris del Carmen Reyes Adames, Francisca Josefina Tavárez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel, quienes deberán realizar el pago a través de una aseguradora.
En el caso de la directora del centro educativo, Gisela González, el tribunal ordenó libertad pura y simple, al concluir que no existen pruebas que la relacionen con el hecho.
La directora no estaba en el lugar, según la defensa
La abogada María del Pilar Zuleta, representante de González, señaló que la decisión confirma que su defendida no tuvo participación alguna.
Aseguró que los elementos presentados demostraron que la directora no se encontraba en el lugar cuando ocurrió la tragedia, por lo que no procedía imponer una medida de coerción.
Ministerio Público recurrirá la decisión
Para la magistrada Olga Dina Llaverías, el Ministerio Público no está conforme con el fallo y adelantó que lo apelará tan pronto reciba la notificación formal.
Los abogados de la familia de Stephora, Miguel Valdemar Díaz y Shesnel Calcaño, calificaron las medidas como insuficientes y denunciaron que los directivos reales del centro educativo no fueron incluidos en el proceso.
Querella contra administradores
Los representantes legales de la familia informaron que depositaron una querella y solicitud de coerción contra los administradores del colegio y de la hacienda donde ocurrió el hecho, tras confirmarse que el lugar no contaba con condiciones adecuadas para recibir menores.
La familia reiteró que continuará su lucha hasta que, según expresaron, “los verdaderos responsables enfrenten a la justicia”.
