La mentira del orden internacional: Por qué el colapso de Haití exige una audacia fuera de la ley

POR HANNA BUENO – escritor. Reside en Santo Domingo.

El debate público sobre Haití padece de un exceso de corrección política y una deprimente cobardía analítica. Mientras la diplomacia global se entretiene en redactar resoluciones estériles y desplegar misiones policiales de bajo alcance, la realidad en el terreno dicta una sentencia inapelable: Haití no está en vías de recuperación, sino atrapado en el peor abismo institucional de su historia independiente. Afirmar esto no es una exageración retórica; es una desgarradora constatación matemática. Quienes conocen la trayectoria histórica de este país comprenden que la situación actual ha rebasado los niveles de desestructuración de sus eras más oscuras. Incluso bajo la dictadura de François «Papa Doc» Duvalier (1957-1971), el Estado haitiano —con toda su carga de terror y su brutal milicia de los Tonton Macoute— mantenía el control territorial de sus diez departamentos, el monopolio de la violencia y una administración funcional elemental. Hoy, tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, la mutación de las bandas de simples herramientas políticas a señores absolutos de la tierra ha borrado al Estado. Con más de 200 bandas criminales operando con total impunidad y la federación Viv Ansanm controlando entre el 80 % y el 90 % de la capital, Puerto Príncipe (según estimaciones de la ONU y del propio Ministerio de Defensa dominicano en octubre de 2026), vivimos ante un sistema de canibalismo social donde el secuestro extorsivo es la principal industria. Solo entre enero y septiembre de 2026, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó al menos 5.700 personas asesinadas o heridas por las bandas o en operaciones contra ellas, más de 230 secuestros y más de 1.000 violaciones de mujeres y niñas. La primera lección que el lector debe educar en su juicio es que las recetas bienintencionadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) están diseñadas para administrar la miseria de supervivencia, no para resolverla.

El colapso de Haití desafía al orden internacional

Bajo esta premisa, es imperativo predecir el fracaso definitiv01o del actual esquema de pacificación internacional, incluyendo la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) y los contingentes policiales limitados. Se pretende vender el espejismo del «modelo de El Salvador» de Nayib Bukele como la panacea regional, pero quienes repiten esa fórmula ignoran deliberadamente sus límites estructurales. El modelo salvadoreño funcionó porque Bukele disponía de un ejército nacional disciplinado (más de 20.000 efectivos), una policía unificada que pasó de 17.000 a unos 26.000 agentes, y una infraestructura carcelaria estatal ya existente, coronada por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) con capacidad para 40.000 internos. En El Salvador, el régimen de excepción iniciado en marzo de 2022 ha llevado a más de 93.000 detenciones y una población carcelaria cercana a las 120.000 personas (casi el 2 % de la población adulta), logrando desplomar la tasa de homicidios de más de 100 por cada 100.000 habitantes en 2015 a cifras mínimas en 2026. En Haití, esa base no existe. La Policía Nacional de Haití (PNH) cuenta con apenas entre 13.000 y 14.000 agentes nominales para una población de unos 11,9 millones de personas (alrededor de 80-110 policías por cada 100.000 habitantes), de los cuales solo unos pocos cientos participan realmente en operaciones de combate contra las bandas. Aunque el programa P4000+ ha incorporado más de 2.000 nuevos oficiales en 2025-2026, el déficit sigue siendo estructural: se estima que se necesitarían al menos 25.000 agentes para una cobertura mínima. Trasplantar la receta salvadoreña mediante misiones internacionales de apenas unos miles de policías o asesores (la GSF autorizada para 5.500 efectivos contaba en octubre de 2026 con apenas 1.500-2.000 desplegados, aunque El Salvador envió de urgencia más de 2.000 soldados tras una emboscada), atados de manos por reglas de combate restrictivas de las Naciones Unidas, es una utopía táctica inviable. Cuando estos contingentes se desgasten ante la densa guerra de guerrillas urbana de Puerto Príncipe, el vacío regresará con una violencia redoblada.

La gran hipocresía del continente radica en su enfoque de la seguridad hemisférica. Mientras el mundo desperdicia trillones de dólares en presupuestos militares globales y en perpetuar un statu quo que solo contiene la periferia del problema, se niega a financiar una solución real en su propio «patio trasero». En el Caribe se ejecuta una farsa colectiva: se prefieren gastar miles de millones de dólares anuales en levantar muros fronterizos, operar patrullajes marítimos masivos y financiar planes humanitarios de emergencia que se consumen de inmediato en raciones de supervivencia, antes que asumir la responsabilidad política de una reestructuración de raíz. Las estadísticas del propio Panel de Expertos de la ONU y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos revelan una catástrofe sin paliativos: en 2025 se documentaron cerca de 8.100 asesinatos por violencia de bandas; entre julio de 2025 y junio de 2026 al menos 5.830 personas fueron asesinadas en contexto de violencia relacionada con pandillas; y solo en el tercer trimestre de 2025 se contabilizaron más de 1.200 asesinatos y 700 heridos. Existen más de 1,4-1,5 millones de desplazados internos (alrededor del 12 % de la población, de los cuales casi 800.000 son niños), y el 90 % de los centros hospitalarios de la capital han sido clausurados, vandalizados o forzados a cerrar por las bandas. Además, según el último análisis del Cadre Intégré de Classification de la Sécurité Alimentaire (IPC) de octubre de 2026, 5,94 millones de haitianos (53 % de la población) padecen inseguridad alimentaria aguda (fase 3 o superior), y se proyecta que la cifra alcance los 6,35 millones para mediados de 2027, con casi dos millones en fase de emergencia. El dinero internacional no genera desarrollo; actúa como un respirador artificial crónico que perpetúa el sufrimiento para evitar que la ola migratoria altere la paz de las naciones ricas.

Para educar verdaderamente al lector, es necesario desmantelar el misterio de cómo subsisten estos grupos criminales. ¿Cómo llegan las balas y el armamento militar avanzado a manos de las bandas haitianas si el país se encuentra bajo un estricto embargo internacional de armas desde 2022? Las investigaciones más recientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y del Panel de Expertos del Consejo de Seguridad exponen una realidad escandalosa: el grueso del arsenal —estimado entre 270.000 y 500.000 armas ilegales en circulación— proviene directamente de armerías en los Estados Unidos, particularmente desde redes criminales en Florida que camuflan rifles de asalto, municiones y armas cortas en contenedores de carga marítima comercial (se estima que la gran mayoría de los más de 200 contenedores semanales que salen de Florida hacia Haití no son inspeccionados). No obstante, la porosa frontera con la República Dominicana (392 kilómetros) funciona también como un vaso comunicante alimentado por la corrupción institucional: informes de auditoría y del Panel de Expertos revelan el desvío ilícito de cientos de miles de cartuchos, encontrándose municiones de alto calibre y marcas oficiales en los búnkeres de bandas como 400 Mawozo y 5 Segond. En febrero de 2025, autoridades dominicanas interceptaron un contenedor procedente de Miami con armas de alto calibre (incluyendo un rifle Barrett M82) y más de 36.000 cartuchos destinad os a Haití. Las bandas compran en el mercado negro pistolas de 9 mm a precios inflados de miles de dólares, y rifles de asalto por sumas exorbitantes (hasta 10.000 dólares), financiados enteramente con el dinero ensangrentado de las extorsiones y los rescates de secuestros. Entre enero de 2022 y diciembre de 2025 se documentaron más de 5.400 secuestros.

A nivel tecnológico, la sofisticación de las bandas haitianas humilla la precaria logística de las fuerzas de seguridad locales. Reportes de inteligencia policial confirman que las redes criminales han contratado asistencia profesional avanzada para intervenir y monitorear las frecuencias de radio analógicas y sin encriptar de la Policía Nacional de Haití (PNH), anticipando cada uno de sus movimientos tácticos. Asimismo, en un entorno donde las telecomunicaciones tradicionales colapsan a diario, líderes delictivos han logrado desplegar una infraestructura de comunicación robusta mediante el uso extensivo de terminales de internet satelital (como los sistemas Starlink) adquiridos de contrabando en mercados vecinos. Esto les permite coordinar ataques a gran escala en tiempo real, operar flotas de drones de vigilancia comercial para mapear las posiciones de las fuerzas internacionales y abandonar cualquier rastro analógico. Se estima que Viv Ansanm agrupa entre 12.000 y 20.000 miembros, de los cuales unos 3.000 están particularmente bien armados y experimentados. Las bandas no son pandillas comunes; son corporaciones criminales de alta tecnología protegidas por redes de impunidad institucional y élites políticas locales corruptas. El propio Panel de Expertos de la ONU ha documentado conexiones persistentes entre bandas y actores de las fuerzas de seguridad haitianas, así como el desvío de municiones oficiales.

Es aquí donde el análisis debe enfrentar la fantasía recurrente de ciertos sectores radicales: la posibilidad de una anexión territorial de Haití por parte de potencias extranjeras o de la República Dominicana no es viable ni factible bajo ningún escenario. Desde el punto de vista del derecho internacional, el orden global repudia y sanciona cualquier intento de absorción forzosa de soberanía. Pero, más allá de la legalidad, una anexión sería un suicidio macroeconómico y demográfico para cualquier nación que la intente. Asimilar a una población de casi 12 millones de personas sumidas en la pobreza extrema, absorber una deuda institucional incalculable y asumir la responsabilidad directa de un territorio devastado ecológicamente quebraría las finanzas, los sistemas públicos y la cohesión social de cualquier estado receptor. La anexión es una imposibilidad matemática e histórica.

Sin embargo, descartar la anexión obliga a asumir una conclusión desgarradora pero pragmática. Hasta que no exista una verdadera fortaleza institucional en su suelo y el Estado haitiano recupere el control de sus instituciones, el mundo de la seguridad y, de manera asfixiante, la República Dominicana, deben tratar a Haití como un enemigo táctico temporal. Esto no es un llamado al odio racial ni un desprecio por la dignidad de su población; es una rigurosa categorización de la amenaza. Un territorio sin ley, donde las bandas armadas dictan la pauta y las fronteras son vulneradas por mafias de la trata y el contrabando, constituye, por definición, un foco activo de agresión hacia la estabilidad regional. Tratar a un vecino como enemigo táctico temporal significa abandonar la diplomacia de las sonrisas bilaterales y sustituirla por políticas de defensa nacional agresivas, inteligencia militar estricta, cierres de flujos informales y un control fronterizo inflexible que contenga la metástasis del Estado fallido. La República Dominicana ha deportado cientos de miles de haitianos en los últimos años y avanza en la construcción de un muro fronterizo precisamente por esta razón.

La única solución real a largo plazo exige, tristemente, romper de manera deliberada con el corsé del derecho internacional contemporáneo. El fetiche de la soberanía abstracta y de la autodeterminación no puede seguir siendo el escudo legal que justifique la existencia de este agujero negro geopolítico en el Caribe. Salvar a Haití exige un tratamiento de shock irreversible: una intervención militar agresiva de gran envergadura —no menor a 50.000 soldados— encargada de ejecutar un desarme forzoso total de la población civil y aplicar un modelo penitenciario de confinamiento masivo e implacable. Dado que ninguna potencia occidental está dispuesta a asumir el costo financiero de una misión de este calibre bajo el paralizado Consejo de Seguridad de la ONU (la GSF, autorizada para 5.500 efectivos, sigue lejos de esa cifra y enfrenta problemas de financiamiento y voluntad política), la salida debe encontrarse en la negociación de un gran canje geopolítico de pragmatismo transaccional. Esto incluye forzar la concesión temporal o el arrendamiento prolongado de soberanía sobre enclaves estratégicos, como la Isla de la Tortuga —históricamente usada como punto de tráfico de drogas y armas—, a los Estados Unidos a cambio del financiamiento masivo de la fuerza de pacificación y un agresivo plan de reconstrucción nacional. Modificar las fronteras de la legalidad internacional es el precio que el mundo debe pagar si quiere evitar un colapso regional definitivo.

Una vez lograda la pacificación por la fuerza, la región debe entender que el factor tiempo es el recurso más crítico. No bastará con celebrar elecciones apresuradas en dos o tres años para simular una normalidad democrática que el país no puede sostener (Haití no celebra elecciones nacionales desde 2016 y las previstas para diciembre de 2026 siguen en duda por la inseguridad). La historia reciente demuestra que los procesos de transición exprés solo pavimentan el camino para el retorno de las mismas mafias. Solo un periodo ininterrumpido de paz democrática e institucional de al menos 30 años garantizaría a la región y al propio Haití la preservación definitiva de su soberanía. Tres décadas de estabilidad continua son el requisito biológico y social indispensable para educar a una nueva generación de ciudadanos libre de la influencia de las pandillas (se estima que entre el 30 % y el 50 % de los miembros de las bandas son menores de edad), consolidar un funcionariado público incorruptible y edificar un sistema de justicia independiente. Cualquier intento de retirar la tutela internacional o de reducir la guardia antes de este horizonte generacional abortará el proceso, devolviendo el territorio al control de los señores de la guerra y amenazando de forma permanente la integridad fronteriza de sus vecinos.

Bajo este marco temporal, la República Dominicana posee el destino logístico, el excedente industrial y la capacidad en infraestructura para ser el eje central de la reconstrucción física. Las constructoras dominicanas tienen la madurez en megaproyectos y la cercanía para levantar carreteras, puertos y escuelas en tiempo récord. Si el Estado dominicano, respaldado por la banca multilateral de desarrollo, estructura un plan de bonificaciones e incentivos fiscales para las empresas locales que operen en el territorio estabilizado, la reconstrucción dejará de ser una carga benéfica y se transformará en un dinámico vector de desarrollo binacional. La genialidad de este enfoque radica en la repatriación productiva y voluntaria de la fuerza laboral. La República Dominicana cuenta hoy con miles de trabajadores haitianos regularizados y altamente capacitados en el sector de la construcción. El plan estratégico debe consistir en reinsertar a este personal calificado directamente en las obras de infraestructura de su suelo natal, garantizándoles salarios competitivos equivalentes a los dominicanos y respaldados por fondos de compensación internacional. Un sueldo formal y estable en su propia tierra constituye el programa de desarme más contundente para una juventud que hoy solo encuentra incentivos en el reclutamiento forzado de las bandas armadas. El lector debe educar su visión de las relaciones internacionales y entender que la estabilidad de la isla no llegará con discursos vacíos sobre la autodeterminación de un Estado que ya no existe, sino con la audacia política de romper las reglas de un orden global que ha demostrado su absoluta bancarrota moral ante el sufrimiento de Haití.

(Versión ampliada con datos y estadísticas actualizados a octubre de 2026)