Revisan coerción contra Hazim y otros imputados del caso Senasa
Por: Redacción SabanetaSR.
Santo Domingo, RD. – El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional revisará este miércoles la medida de coerción impuesta al exdirector del Seguro Nacional de Salud, Santiago Hazim, y a otros seis imputados vinculados al caso Senasa.
La audiencia fue fijada para las 9:00 de la mañana por el juez Deiby Timoteo Peguero, encargado del control de la investigación. Según informó Almomento.net, el proceso había sido aplazado para permitir que la defensa de Hazim presentara nuevos documentos económicos con miras a solicitar una posible variación de la medida.
Juez evaluará prisión preventiva en el caso Senasa
Además de Hazim, serán evaluados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo.
Los imputados cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en San Antonio de Guerra, por disposición del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Mientras tanto, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y el empresario Eduardo Read Estrella permanecen bajo arresto domiciliario como parte del caso Senasa.
De acuerdo con Almomento.net, el Ministerio Público atribuye a Santiago Hazim la dirección de una presunta estructura que habría operado mediante un comité paralelo dentro de la aseguradora estatal.
La acusación sostiene que ese mecanismo controlaba decisiones administrativas, autorizaba pagos y facilitaba operaciones fuera de los procedimientos institucionales. Las autoridades investigan supuestas reclamaciones falsas, alteración de documentos, facturación simulada y habilitación irregular de prestadores de servicios médicos.
El Ministerio Público también afirma que fueron utilizadas empresas de carpeta y transferencias bancarias para ocultar recursos presuntamente desviados de las reservas técnicas de Senasa.
Los procesados por el caso Senasa son señalados por su presunta participación en un entramado de corrupción administrativa que habría provocado pérdidas superiores a RD$15,900 millones al Estado dominicano. La revisión de este miércoles determinará si las medidas actuales permanecen vigentes o son modificadas por el tribunal.