Ministerio Público asegura tener pruebas sólidas en caso Intrant y solicita apertura a juicio
Por: Juan Pablo Bourdierd.
Santo Domingo, RD. – El Ministerio Público afirmó este viernes que cuenta con pruebas suficientes para sostener la acusación de corrupción administrativa en el denominado caso Intrant, que involucra al exdirector de esa entidad, Hugo Beras, al empresario José Ángel Gómez Canaán y otros imputados.
Caso Intrant: pruebas y solicitud de apertura a juicio
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), sostuvo que durante la audiencia preliminar se logró demostrar la consistencia de las imputaciones presentadas por el órgano acusador.
Señalamientos del Ministerio Público
A la salida del tribunal, Ortiz aseguró que las defensas intentaron desviar el foco del proceso mediante argumentos que, según indicó, carecen de sustento probatorio.
Explicó que entre las evidencias clave figuran comunicaciones electrónicas que, a juicio del Ministerio Público, evidencian irregularidades en el proceso de adjudicación de contratos, sugiriendo que decisiones administrativas habrían sido tomadas antes de cumplir con los procedimientos legales establecidos.
La magistrada sostuvo que estos elementos refuerzan la teoría de que existió un esquema organizado para favorecer intereses particulares dentro de procesos vinculados al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.
Solicitud formal de juicio
El equipo del Ministerio Público, integrado también por los fiscales Emmanuel Ramírez y Jonathan Pérez, solicitó al tribunal la emisión de un auto de apertura a juicio contra todos los acusados.
La decisión quedó en manos de la jueza Yanibet Rivas, quien se reservó el fallo para el próximo 5 de mayo en horas de la mañana.
Acusaciones y alcance del caso
De acuerdo con el expediente, el caso involucra presuntas irregularidades en contrataciones públicas, así como delitos que incluyen estafa contra el Estado, lavado de activos, falsificación de documentos y uso indebido de tecnología.
Las autoridades sostienen que el esquema habría operado mediante una red de empresas vinculadas entre sí, con el objetivo de obtener beneficios económicos a partir de contratos estatales y del control de servicios estratégicos relacionados con el tránsito y la movilidad.
Un proceso bajo alta expectativa
El caso Intrant se ha convertido en uno de los procesos judiciales más relevantes en materia de corrupción administrativa en el país en los últimos años. La decisión del tribunal marcará el rumbo de un expediente que podría sentar precedentes en la persecución de delitos contra la administración pública.
El Caso Intrant mantiene una alta atención pública porque involucra presuntas irregularidades en una institución clave para la organización del tránsito y la movilidad en República Dominicana. La acusación del Ministerio Público plantea que no se trataría de hechos aislados, sino de un entramado que habría afectado procesos administrativos y contrataciones vinculadas a servicios tecnológicos.
Si el tribunal acoge la solicitud de apertura a juicio, el expediente pasaría a una etapa más profunda, donde las pruebas deberán ser debatidas con mayor amplitud ante un tribunal de fondo. En esa fase, tanto el órgano acusador como las defensas tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos, testigos y elementos documentales.
El Caso Intrant también vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de fortalecer los controles en las compras públicas, especialmente cuando se trata de contratos relacionados con tecnología, datos y servicios sensibles para la ciudadanía. Para el Ministerio Público, las evidencias reunidas justifican que el proceso avance, mientras que las defensas sostienen sus reparos frente a la acusación.
Mientras tanto, el Ministerio Público insiste en que las pruebas presentadas son suficientes para llevar el caso a una fase de juicio de fondo, donde se determinarán las responsabilidades penales de los implicados.
El Caso Intrant seguirá bajo observación pública hasta que el tribunal emita su decisión.
Fuente:
Con información del Diario Libre.
