A propósito de la seguridad jurídica

Arismendy Rodriguez 2Por: Arismendy Rodríguez
       (Profesor de Filosofía y Lógica Jurídica, UAPA)
Según ordena nuestra Constitución en el artículo 128 (numeral 2, literal f), es facultad del presidente de la República depositar ante el Congreso Nacional, al iniciarse la primera legislatura ordinaria el 27 de febrero de cada año, las memorias de los ministerios y rendir cuenta de su administración del año anterior.

En su rendición de cuenta, ante la reunión conjunta de las cámaras del Congreso Nacional, el presidente Medina aludió a la administración presupuestaria, financiera y de gestión ocurrida en el año 2012 acompañada de un mensaje explicativo de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos, financieros y sociales esperados y las principales prioridades que el gobierno se propone ejecutar dentro de la Ley de Presupuesto General del Estado aprobada para el año 2013, tal y como ordena la Carta Magna.

Sin embargo, las proyecciones macroeconómicas y fiscales, el balance de la administración presupuestaria y financiera hechos por el presidente quedaron en un segundo o tercer plano ante el toque de efecto, la efervescencia y entusiasmo generalizado producidos por sus pronunciamientos en torno al contrato del Estado con la transnacional de explotación minera Barrick Gold Corporation.

En resumen, el primer mandatario lanzó una contundente advertencia o ultimátum a la transnacional para que esta ceda en el pedimento del gobierno de sentarse a renegociar los aspectos fiscales del contrato, con el objetivo de que el Estado dominicano perciba capitales en condiciones más favorables y justas de las ganancias generadas por la extracción del oro de nuestro subsuelo.

Por un momento, casi a unanimidad, el pueblo dominicano pareció alzar la voz y unirse como un solo cuerpo a los reclamos del presidente. Hacía mucho tiempo que el pueblo dominicano no era testigo de semejante escena; y la sorpresa fue doble por provenir de un Danilo Medina percibido por muchos como un individuo de carácter flemático e incapaz de encarar con energía problemas tan controvertidos.

Ante el éxito y el gran calado social de las actuaciones del gobierno de cara a la población, la élite empresarial y el embajador de los Estados Unidos quisieron aguar la fiesta y advirtieron que las intenciones del gobierno podrían dar al traste con la seguridad jurídica y el flujo de inversión extranjera en el país.

Lo planteado por el empresariado y el representante del gobierno estadounidense es un argumento falso con apariencia de verdad para inducir al error o engañar, pura falacia; pues, la seguridad jurídica no debe jamás sacrificar el principio supremo del cual ésta depende: la JUSTICIA, traducida como equidad e igualdad de condiciones, que repele cualquier acuerdo arbitrario y MANIFIESTAMENTE lesivo.

Según el jurista Sainz Moreno, la seguridad jurídica es la cualidad de un ordenamiento capaz de producir certeza y confianza en el ciudadano sobre lo que es Derecho en cada momento y sobre lo que, previsiblemente lo será en el futuro. Para Pérez Luño, la seguridad jurídica «establece ese clima cívico de confianza en el orden jurídico, fundada en pautas razonables de previsibilidad, que es presupuesto y función de los Estados de Derecho». De tal suerte que, la seguridad jurídica promueve y está vinculada a cierta estabilidad del ordenamiento. En consonancia con esta concepción, la Constitución dominicana en el artículo 110, a propósito del principio de irretroactividad de la ley, así también lo consagró.

Sin embargo, si echamos un vistazo a la jurisprudencia comparada en este sentido, notaremos que, existe cierto consenso en el sentido de que el principio de seguridad no puede erigirse en valor absoluto, por cuanto daría lugar a la congelación o petrificación del ordenamiento, impidiendo que éste responda a las siempre cambiantes realidades sociales. Por eso, fue harto pertinente cuando Danilo Medina, evocando al presidente Obama, justificó su pretensión de revisar el contrato con la Barrick aduciendo que «cuando los tiempos cambian, nosotros también debemos cambiar». Los argumentos esgrimidos por el presidente Medina fueron, sin dudas, demoledores. La realidad, las circunstancias de hoy han cambiado drásticamente y hacen insostenible el esquema del contrato vigente entre el Estado y la empresa minera.

La seguridad jurídica no queda lesionada con las intenciones de revisión contractual promovidas por el gobierno. La mencionada seguridad jurídica jamás puede constituirse en una camisa de fuerza o en una carga gravosa promotora de la indignidad y prolongadora de un esquema de desigualdad en un pueblo ávido de mejores condiciones de vida. En buen derecho, la seguridad jurídica debe ceder si riñe con el supremo principio de la justicia. Si bien, el contrato Estado-Barrick se guarece bajo la sombrilla de la legalidad, el mismo no resiste un análisis serio sobre los criterios de su legitimidad. He ahí la cuestión!!
Fuente:

🔥 Lo más visto esta semana

Cargando noticias...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *