Por Julia Ramírez
Es imposible perseguir penalmente a nadie por cometer actos que riñan contra la ética o la moral, si el legislador no los ha convertido en tipos penales claramente sancionados.

La afirmación está contenida en el auto No. 2013-00265-0-01, mediante el cual la fiscal del Distrito Nacional Yeni Berenice Reynoso archivó la querella interpuesta por Guillermo Moreno contra el expresidente Leonel Fernández y la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), por prevaricación, perjurio, lavado de activos, concusión, incremento patrimonial derivado de actividades ilícitas y mezclarse con asuntos incompatibles con su calidad.

“El planteamiento de si es correcto que el presidente de la República reciba donaciones de instituciones públicas y privadas para establecer una fundación, de la que entiende el querellante se beneficia la figura del querellado y que constituyen actos bochornosos e inaceptables en una sociedad democrática, son argumentos que la fiscalía no puede tomar en cuenta, ya que su competencia no incluye investigar y juzgar penalmente el ámbito de la ética o la moral”, dice el documento.

Agrega que la fiscalía no encontró ninguna actividad de desvío de fondos captados por Funglode en provecho del exmandatario.

“La legislación para tipificar y sancionar delitos es obsoleta, no facilita la imputación objetiva ni contribuye, en lo referente al marco legal, a hacer eficiente la persecución contra la corrupción”, indica.

Sería una cobardía

La fiscal agrega que es irrazonable que ante un hecho que no configura un delito penal alguno acuse, para que sea el juez que tome la decisión, y luego alegar, “nosotros lo procesamos, fue el juez que lo liberó, pero más que irrazonable sería un soberano acto de cobardía que hacen al fiscal indigno de servir en una función tan delicada y que requiera tanta responsabilidad como la de ser fiscal”.

Explica que una decisión fácil y hasta popular sería dejar una decisión, que es su responsabilidad, para que la tome un juez.
“Hemos establecido como política de persecución, que si hay caso el fiscal actúa sin importar quién sea el procesado”, dice. Precisa además que en algunos de los casos la falta de tipificación se vincula a la falta de una legislación que lo sancione.

Guillermo acusa a Fernández de crear a Funglode como un instrumento que le permite manejar recursos económicos. Indica además que entidades con contrataciones con el gobierno realizaban donaciones a esta entidad.

Moreno pidió a la fiscal que investigara el caso y que proceda a someter a Fernández a la justicia, por entender que los hechos aludidos conforman un tipo penal.
Acusó a Moreno de delito bancario
En su escrito de defensa, el expresidente alega que el querellante y sus abogados violan el secreto bancario, cometiendo un ilícito penal y presenta pruebas (copias de cheques), que debían ser descartadas por su carácter de ilicitud. Sus abogados aseguraron que Fernández no utiliza a Funglode como fachada para su provecho propio o agenciarse beneficios. También dicen que es una acusación política, falsa e infundada.
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