Saneamiento partidario: una condición ineludible para salvar la democracia
POR: DILIA REYES – educadora. Reside en Santiago Rodríguez.
La política partidista es el mecanismo mediante el cual los ciudadanos se organizan en torno a ideas, valores y propuestas comunes para competir por el poder político en un sistema democrático. Los partidos no son simples agrupaciones de intereses; en su concepción ideal, son instrumentos fundamentales de representación, debate y construcción de políticas públicas. De ellos se espera que canalicen las demandas sociales, organicen la participación ciudadana, formen liderazgos responsables y estructuren alternativas de gobierno.
Pero, ¿Qué sucede cuando los partidos desaparecen o se vacían de contenido? La historia y la teoría política coinciden en que, en ausencia de partidos funcionales, el sistema democrático entra en crisis. El vacío suele llenarse con populismos personalistas, autoritarismos, o con una fragmentación caótica que impide la gobernabilidad. Sin partidos, la política pierde su cauce institucional y se convierte en un terreno fértil para el clientelismo, la desinformación y el debilitamiento del Estado de derecho.
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En la República Dominicana, la política partidista atraviesa una profunda crisis de legitimidad y funcionalidad. Aunque formalmente existen múltiples partidos políticos, la mayoría se han convertido en maquinarias electorales vacías de ideología, movidas por intereses personales y redes clientelares. Las promesas de cambio han sido sistemáticamente traicionadas. Las estructuras se reciclan, las siglas cambian de color, pero el fondo se mantiene: una lógica de captura del Estado para beneficio de cúpulas reducidas. Esto ha sido evidente en los últimos 60 años de vida republicana, con los partidos que se han sucedido en el poder repitiendo las mismas prácticas, sin importar cómo éstas afecten a la sociedad.
Los partidos dominicanos han servido —y aún sirven— para distribuir empleos públicos, gestionar favores, y garantizar la continuidad de privilegios. Pero también han sido utilizados para denostar adversarios, destruir honras, justificar enriquecimientos ilícitos, y como vehículos del narcotráfico, la corruptela y el tráfico de influencias. En vez de elevar la calidad del debate público, han contribuido a su degradación. No han sido, en su mayoría, espacios para el debate plural ni para la elaboración de un proyecto de nación inclusivo. Han funcionado más como agencias de colocación y negocios familiares que como plataformas para el bien común. Jamás han servido para garantizar servicios públicos de calidad, ni para sacar a la ciudadanía de la pobreza y la miseria en un país tercermundista como el nuestro. En vez de fortalecer la democracia, han contribuido a su desgaste, promoviendo una ciudadanía cínica, apática o manipulada.
Cuando la ciudadanía deja de sentirse identificada con las propuestas de los partidos políticos, se rompe el vínculo esencial entre representación y confianza. El resultado es una sociedad desmotivada, apática o radicalizada. Las personas se alejan del voto consciente, dejan de participar en los espacios democráticos o buscan salidas por fuera del sistema tradicional, a veces peligrosamente antidemocráticas, como por ejemplo: el ascenso de liderazgos mesiánicos que prometen soluciones autoritarias, el respaldo a movimientos militares o de fuerza que proponen «orden» por encima de derechos, el aumento de la abstención como forma de protesta silenciosa, o incluso el crecimiento del crimen organizado como alternativa informal de poder en comunidades desatendidas. A esto podrían sumarse otros elementos, tales como crisis de legitimidad, estallidos sociales, ciclos de movilización permanente, y en el peor de los casos, el colapso institucional. Esa crisis de representación no solo pone en riesgo la estabilidad del sistema democrático, sino que alimenta el desencanto colectivo y mina las posibilidades de transformación real.
Sin embargo, esto no significa que los partidos no tengan una función que cumplir, o que debamos cruzarnos de brazos ante tan lastimera realidad. Por el contrario, es urgente recuperar su sentido original. Para ello, los partidos políticos en la República Dominicana deben someterse a una transformación profunda que los libere de las prácticas tóxicas que se repiten con cada cambio de gobierno, independientemente de cuál sea el partido en el poder. Esta transformación implica erradicar el clientelismo como modelo de gestión, cerrar las puertas al narcotráfico y al dinero ilícito, impedir la corrupción estructural, profesionalizar la función pública y romper con las redes de complicidad que secuestran el Estado para fines privados. Se necesita una cirugía institucional y cultural que permita refundar los partidos como verdaderos instrumentos de servicio público y no como plataformas de acumulación de poder y riqueza para unos pocos.
La política no desaparecerá, aunque los partidos actuales colapsen. Pero si no se transforman, será necesario construir nuevos canales de representación más democráticos, más horizontales y más coherentes con las demandas del siglo XXI. La ciudadanía dominicana no puede seguir siendo espectadora de una clase política que juega a repartirse el poder sin proyecto ni principios. O los partidos se reforman desde dentro —presionados por la sociedad— o la historia los superará.
Ha llegado el momento de preguntarnos no solo para qué han servido los partidos, sino si estamos dispuestos a que sigan sirviendo solo para eso.
