Por: Jacqueline Morrobel.
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO, RD. El ministro de Educación de la República Dominicana (Minerd), Antonio Peña Mirabal, dijo este martes que solo si el presidente Danilo Medina se lo pide, detiene el proceso de aplicación de la Orden Departamental 33—2019, sobre política de género en los centros escolares públicos y privados.
Puntualizó que enfocará todos sus esfuerzos hasta lograr que esa orden sea convertida en política de igualdad de género en las escuelas.
Dijo que la orden que él firmó está establecida en la Constitución de la República, artículo 39, derecho a la igualdad, acápite 4, dice: La mujer y el hombre son iguales ante la ley, se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento goce o ejercicio en condiciones de igualdad. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdes y la diseminación de género.
Reiteró que esa misma orden tiene el objetivo de declarar como prioridad el diseño y establecimiento de la política de género en el Ministerio de Educación en los diferentes niveles.
“Eso es lo que estamos estableciendo en esta orden 33-2019”, sostuvo.
Manifestó que es falso, y es una mentira que desde el Minerd se quiera instalar una ideología de género.
La orden departamental del Ministerio de Educación que establece como prioridad la implementación de política de género en la educación preuniversitaria tiene como objetivo principal tratar de lograr una igualdad real en la educación de hombres y mujeres, con el fin de acabar con la cultura de los hombres son los fuertes y los que dirigen, y que las mujeres deben acatar lo que ellos dicen.
“Lo que estamos es cumpliendo con un mandato Constitucional”, indicó Peña Mirabal, durante su participación en el programa Hoy Mismo que se transmite por el Canal 9.
Explicó que el propósito es aplicar una política de equidad de género, donde se enseñe desde temprana edad a los niños y niñas, que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades en la sociedad
Destacó que por aplicar esta orden es atacado de manera descomunal por el Episcopado Dominicano, sectores cristianos y otras entidades “y los mismos no tienen la verdad”.
El ministro se preguntó ¿por qué las mayorías de la conserje en las escuelas tienen que ser mujeres, y eso es un ejemplo de lo que
Criticó la posición de la Conferencia del Episcopado Dominicano que rechazó esta orden de Educación, y se mostró sorprendido de ese enfoque, ya que representantes de la iglesia católica y los integrantes del Consejo Económico y Social, acordaron y firmaron el pacto el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, el 1 de abril del 2014, elaborado como una Estrategia Nacional que culminará en el 2030.
Peña Mirabal también recordó que firmaron el referido pacto, el dirigente político Pelegrín Castillo, el representante del CODUE, reverendo Fidel Lorenzo, así como José Cuello, representante de la Unión de Colegios Privados Católicos.
Se recuerda que el Episcopado dijo a través de un comunicado que la Orden 33-2019 es nociva y rechazó que la política de género sea incluida en el diseño curricular, porque entiende que la educación debe centrarse ahora en elevar calidad del aprendizaje “para reducir la violencia escolar y el bajo índice académico de los alumnos”.
Asimismo, un conjunto de organizaciones aglutinadas en el Grupo de Acción Cristiana iniciará en los próximos días un plan de lucha en las calles del país en rechazo a la orden departamental 33-2019 sobre política de género del Ministerio de Educación, por entender que la misma busca de manera disfrazada promover la homosexualidad y el lesbianismo en las escuelas del país.
El Ministerio de Educación tiene un plazo de 60 días para diseñar la metodología de la ordenanza, que se inicia con la elaboración de la política de género de la institución.
No obstante, el departamento de Educación de Género y Desarrollo de dicho organismo ofreció detalles preliminares sobre la Orden Departamental 33-2019, que será construida mediante un proceso técnico y participativo, que permitirá a los distintos actores del sistema hacer sus respectivos aportes.
