Detrás de la desaparición de la ley 28-01 se tenderá un destino oscuro y tenebroso para Santiago Rodríguez II

Por: Dr. Milton Jiménez
No hay forma de avanzar si no analizamos los datos sociales y económicos existentes de nuestra provincia, y sobre todo si no se obtienen de una fuente confiable.

En nuestro artículo anterior expresábamos lo siguiente: Se le colocó una ley poderosa, capaz de rediseñar la historia de pobreza de nuestra región y conducirla a un desarrollo sostenible y perdurable, pero cayó en manos de un liderazgo irresponsable, que no ha tenido la voluntad y disposición de aprovechar el beneficio que esta debió generar.

Quizás algunos lectores interpreten esta frase como una idea vana, que sale sobre todo del deseo de protesta y critica de un aprendiz a escritor que intenta llamar la atención, pero para sorpresa de todos estas es la dura y triste realidad.

Aplicando los índices reflejados en la calidad de la vivienda, el capital humano, la presencia de servicios básicos y la capacidad de sustento familiar de nuestra provincia, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) apunta que el 58.6% de los hogares de la provincia de Santiago Rodríguez se consideran hogares Pobres. Este porcentaje coloca a Santiago Rodríguez como la provincia más pobre de toda la región del Cibao y la número 8 en todo el país.

Aunque señalamos en nuestro artículo anterior que en algunos años de la década 2000-2010 sobrepasamos la inversión privada y pública de Dajabón y Montecristi juntas, y que casi igualamos en algunos años la de Valverde, las estadísticas sostienen que somos la provincia más pobre de la región noroeste. Aunque la inversiones han aumentado considerablemente esto no se ha traducido en el bienestar de los pobladores, pues el 54% de la población ha estado desempleada en por lo menos los últimos doce meses.

El saldo migratorio indica que el tiempo comprendido entre 2002 al 2007 han inmigrado desde otras localidades a Santiago Rodríguez un total de 7,289 personas y a emigrado de Santiago Rodríguez a otra localidades 38,215, lo que genera un saldo migratorio negativo en 30,926 personas, número que representa el 51.9% del total de la población residente en el 2002. Este saldo refiere que la provincia es claramente expulsora de población.

Solo el 66.05% de los hogares se beneficia de energía proveniente de las redes eléctricas, cuando en el país ese porcentaje asciende a un 92.78%, un 22.06% utiliza leña para cocer sus alimentos cuando en el resto del país esta combustión solo se utiliza en un 9.57%. Aunque un 77.9% de las viviendas se benefician de agua proveniente de acueductos, tenemos una prevalencia de un 15.9% de enfermedad diarreica aguda en la población menor de 5 años, lo que debería llamar la atención al servicio sanitario de la región y analizar la bioseguridad del agua servida a la población, cuya mayoría, el 54.74% solo alcanza un nivel de educación básica y un 17.02% nunca ha asistido a la escuela, una de las cifras más alta del país.

Según el IDH del PNUD, en la provincia de Santiago Rodríguez las personas empleadas por los ayuntamientos suponen el 1.8% del empleo total de la provincia. Este es uno de los porcentajes más bajos de las provincias del país. Todas las provincias de su entorno próximo, y especialmente las provincias fronterizas, tienen unos niveles mucho más altos de peso del empleo público local en el conjunto del empleo provincial.

No sabemos el impacto que ha generado y generará la ley 28-01, los datos que se pueden generar solo podemos analizarlos cualitativamente y no en término numérico, ya que la provincia no cuenta con un banco de dato confiable, lo que sí sabemos es que no existe una comisión activa que busque de manera permanente la atracción de inversiones que generen más empleo a la población y sobre todo que los empleadores respeten las normas nacionales con respecto a la contratación de sus empleados. Mientras tanto, si con la ley hemos experimentado algún tipo de mejoría, imaginemos pues la desolación y pobreza a que nos someteremos si no le ponemos el frente competitivamente a estos negociadores de la dignidad humana que pretenden a toda costa la reforma de esta ley.

No es posible seguir juramentando comisiones de desarrollo si no se cuentan con los métodos necesarios para conocer las verdaderas necesidades de la población estadísticamente hablando y sobre todo si no existe la buena voluntad de reconocer el déficit que existente y la poca capacidad de crear las políticas técnicamente necesarias. Eso no es honesto y habla muy mal del liderazgo vivo de nuestra población.