Por: Onelio Domínguez
Santiago, RD.- La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente aplazó el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los empleados del Poder Judicial, acusados de ser parte de una supuesta red que se dedicaba a falsificar documentos oficiales a favor de presos.
La jueza Yerixa Cabral, quien tiene a cargo el conocimiento de la medida, la aplazó para el próximo jueves 30 de este este mes con la finalidad de que la defensa de los imputados presenten los presupuestos de sus defendidos.
El fiscal titular Osvaldo Bonilla indicó que las investigaciones continúan y que no descarta de que estén presentando acusación contra otras personas.
Estableció que el ministerio está pidiendo que el caso sea declarado complejo y grave.
Bonilla sostuvo no importa donde estén los demás implicados ya sea en el ministerio público, en el poder judicial o sean abogados, serán enfrentados de manera contundente.
Mientras que Carlos Villanueva, abogado de tres de los cincos imputados, dijo que el ministerio público ha querido vender ante los medios de comunicación una verdad distorsionada de sus clientes.
Villanueva dijo que sus representados son “víctimas del sistema” y desaprensivos que el propio ministerio público ha permitido que se desenvuelva en actividades en el palacio de justicia.
La medida de coerción le ha sido solicitada a los colaboradores del poder judicial, Jonathan Francisco Vázquez Ventura y Francisco Vázquez Pichardo, además, en contra de Ariel Antonio Bencosme Reyes, Eddy Alberto Franco y Francisco de Jesús Comprés Rodríguez.
De acuerdo al órgano acusador esta red se prestaba “para mediante el cobro de altas sumas de dinero y a sabiendas de que se trataba de un proceso ilegal, procurar la libertad del imputado, falsificar documentos, incluyendo una sentencia y un contrato de fianza”.
Estos enfrentan cargos por los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y uso de documentos falsos, en perjuicio del Estado Dominicano.
Delitos
Según la Procuraduría, en la solicitud de medidas de coerción, el ministerio público plantea que el imputado por delitos de estafa a través del cibercrimen, Jonathan Francisco Vásquez Ventura, quien guarda prisión preventiva, por la Operación Discovery, así como su padre el imputado Vásquez Pichardo, se asociaron con los demás miembros de esta red criminal.