Análisis de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos

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Preiky Saint-Hilaire

POR: PREIKY SAINT-HILAIRE.

La República Dominicana es un país consagrado por la Constitución de la Nación, como un Estado Social Democrático y de Derecho. Por tal razón los partidos políticos son necesarios e importantes para garantizar la democracia en nuestro país, estos a su vez juegan un rol fundamental en el marco de la gobernabilidad y de la lucha por el poder político y la administración.

Después de haber leído y analizado la ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos de la república, considero que esta fue creada con el objetivo de establecer una competencia leal, dentro del marco legal para garantizar la democracia interna de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, procurando fortalecer el liderazgo y la formación concreta de los actores políticos (partidos, movimientos y agrupaciones).

Esta normativa (ley) se enfoca en reconocer el ambiente esencialmente público de los partidos. Es por eso que se hizo necesaria una reglamentación que garantice su democracia interna fundamentada en los principios democráticos establecido por la constitución dominicana el cual es un sistema que va mucho más allá de la perfección del sistema electoral, y propicia una práctica política consecuente con los principios, valores, y la ética del sistema electoral de la República Dominicana.

Vista la ley de partido en su considerando tercero, esta establece que “la sociedad dominicana demanda una mayor calidad del sistema democrático y del ejercicio que le concierne” y que para esto “es necesario un fortalecimiento institucional de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos en el país, transparentando en mayor medida su accionar, haciéndolo incluyente y logrando mejor participación ciudadana”.

Citando el capítulo II, sección I, de la ley de Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, en lo que compete a la afiliación y la prohibición de afiliación. Esta ley es clara y establece que para un ciudadano pertenezca a un partido, agrupación o movimiento político, este debe estar inscrito en el Registro Electoral dominicano, de la Junta Central Electoral.

Pero a su vez no podrán afiliarse a partidos, agrupaciones y movimientos políticos los militares, o miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como los jueces de Poder Judicial, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional. Tampoco podrán afiliarse a partidos, agrupaciones y movimientos políticos miembros y funcionarios de la Junta Central Electoral, pese a que los encargados de fuerza del orden del estado, por normativa de sus estatutos no pueden tener participación en los procesos electorales partidista, si veo novedoso lo que concierne a los funcionarios.

Para nadie es un secreto que en nuestro país esos funcionarios que dirigen los procesos electorales y la justicia dominicana son afiliados a partidos políticos, lo que incita a que estos a la hora de salvaguardar sus intereses partidarios y políticos, lo harán a diestra y siniestra, sin importar que se violente la constitución dominicana, la cual establece bien claro la función de estos en su ejercicio institucional.

Considero que esto es un gran avance para nuestro país, para la democracia y para la institucionalidad, ahora bien, si bien es cierto que la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos lo establece, no es mucho menos ciertos de que en nuestro país las leyes están de adornos en gavetas. Lo que en este sentido esperamos fiel cumplimiento en caso de ser aprobada dicha.

Otra cosa que debemos destacar es lo que establece la ley en cuanto a la escogencia de los candidatos, la ley hace énfasis en los métodos y procedimientos de escogencia de las candidaturas internas, la precampaña, la cuota de género, de la juventud y las reservas de candidaturas por parte de la alta dirección de los partidos, así como su financiamiento y pérdida de la personería jurídica. También es propicio mencionar que este proceso se llevará a cabo de conformidad con la constitución y la presente ley.

En conclusión, Se logró una ley posible, quizás no tan la perfecta, pero con ella se procura que todos los Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos reciban un trato igualitario, en donde prevalezca la competencia leal, el equilibrio y la equidad en recursos, de igual manera que todos miembros y candidatos reciban un trato digno en los  Partidos, Agrupaciones y movimientos políticos  a través de la protección de las instituciones y sus autoridades, sin ningún tipo de discriminación y, en ecuanimidad.

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