Por Miguel Guerrero
Cuando se aprobó la ley que reforma el Código Procesal Penal para eliminar el derecho ciudadano a querellarse por actos de corrupción contra los funcionarios públicos escribí en este espacio una protesta que estuve a punto de titular “¡ A robar se ha dicho!”

Ahora que el tribunal a cargo de las acusaciones por malversación de fondos contra el alcalde de San Francisco de Macorís ha desestimado acciones punibles contra el funcionario, quien, según han publicado algunos medios, ha agradecido públicamente al expresidente Leonel Fernández el apoyo que le ha brindado, me arrepiento de no haberlo hecho. Ahora sólo queda esperar que en un acto de reflexión, el presidente Medina observe la ley y la devuelva al Congreso con expresiones claras de porqué lo hace, es decir advirtiéndoles a senadores y diputados que la eliminación del párrafo del artículo 85 que consagraba ese elemental derecho, es una peligrosa e inadmisible violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos dominicanos y que el gobierno que él preside no puede verlo con indiferencia.

Recordemos que el señor Medina se juramentó con un discurso en el que se comprometió a combatir la corrupción y a actuar incluso contra ella por el mero rumor público.

Si los ciudadanos somos despojados de la facultad de querellarnos contra el enriquecimiento ilícito y las violaciones a los derechos humanos cometidos por funcionarios del Estado, no podríamos pretender que vivimos bajo un sistema democrático.

Lo que está en juego en esa acción del Poder Legislativo es el estado de derecho y la seguridad jurídica, la que vendría a agregarse a las transgresiones de la famosa sentencia del Tribunal Constitucional que les quita la nacionalidad de forma retroactiva a miles de dominicanos hijos de inmigrantes ilegales, condición que ya poseían y que la Constitución que esa corte dice salvaguardar consagraba.

El presidente tiene la decisión en sus manos.
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