Danilo Medina B
Por José Antonio Martínez Roja
El presidente de la República, licenciado Danilo Medina por intermedio del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, doctor César Pina Toribio, observó el proyecto de ley que pretendía introducir modificaciones drásticas al Código Procesal Penal, ante la ola de rechazos manifestada por un significativo sector de la sociedad, por lo cual lo devolverá al Congreso para que de nuevo se debatan dichas consideraciones.

Al parecer, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, presidida por Demóstenes Martínez (afortunadamente no es pariente nuestro), cambió el anteproyecto dejando fuera del mismo el artículo 85 que le otorgaba potestad a cualquier ciudadano a querellarse contra funcionarios públicos acusados de prevaricaciones o de faltas graves en el ejercicio de sus funciones o de violaciones a los derechos humanos, tal y como lo señala nuestra Constitución vigente.

Esto generó que la diputada Minerva J. (Minou) Tavárez Mirabal, respaldada por otros legisladores y hasta del PRD, iniciaran en el hemiciclo una enérgica y acalorada protesta, ya que ellos estaban conscientes de que el anteproyecto original contemplaba en su texto el artículo 85 y por lo tanto solicitaban que los remitentes fuesen sometidos a la Comisión de Ética.

Debemos admitir que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado hay legisladores capaces, honestos y puntuales. Sin embargo, existen en el hemiciclo una serie de individuos incapacitados para el ejercicio de labores tan importantes como es legislar. Estos debieran ser evaluados para que los electores en los comicios pautados para el 2016, de tratarse de repostularse, los castiguen no votando por ellos.

Estamos seguros que si la sociedad civil o cualquier ONG conforman un Código de Conducta en el cual se sientan las bases de los atributos que debe tener una persona para poder aspirar a ser elegido diputado o senador.

Con este Código, los partidos políticos de seguro seleccionaran candidatos idóneos y no una sarta de ineptos como lo han hecho hasta ahora y ha quedado demostrado por estos yerros.

Quitarle al ciudadano común, es decir al pueblo, el derecho de querellarse contra cualquier funcionario público asalariado es hacerse cómplice de los infractores y prevaricadores que hacen uso indebido de los recursos y bienes del erario.

Esto no podría considerarse una paradoja, y podrían asimilarse los múltiples desafueros cometidos, hasta por vía contractual por burócratas de los gobiernos anteriores. Ejemplos hay muchos, pero hay dos que gravitan enormemente sobre la economía del Estado Dominicano. Nos referimos al caso de la Sun Land, donde por obra de magia se desaparecieron 130 millones de dólares.

Para que esa denuncia se desestimara en los tribunales de la República, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) alegó que el ciudadano que impetró esa demanda no estaba calificado para hacerlo. Posteriormente, el presidente de la SCJ, Subero Issa, admitió públicamente que esa fue una decisión política. La compañía Dovicon, es harina de otro costal ya que pretendió

establecer peajes en su favor en las autopistas y fue la que redactó el contrato por 30 años de la mal llamada “autopista Juan Pablo II”, la cual por su alto costo en tasas por rodamiento, ha castrado el turismo de la provincia de Samaná.

El peaje sombra que actualmente debe pagar anualmente el Estado Dominicano por falta de circulación, constituye una carga gravosa e insólita que bien puede remediarse, denunciando ese contrato leonino y además, hacer uso del artículo 85 del Código Procesal Penal, para enjuiciar el funcionario que a sabiendas, prohijó esa concesión.

Opinamos, que el Código con su artículo 85 vigente, será un valladar para que funcionarios ambiciosos, que llegaron al poder “con una mano delante y otra atrás”, no puedan después exhibir fortunas que adquirieron con “malas mañas”, a costa de que los políticos siempre, tapándose uno con otros sin importar el partido al cual pertenezcan, quieran imponer el “borrón y cuenta nueva” como una premisa a seguir.

Esa práctica, por la salud económica del Estado debe ser abolida definitivamente, de lo contrario, seremos esclavos de todo tipo de delitos cometidos por los corruptos que siempre han pescado en río revuelto. Señor Presidente, no permita que legisladores venales le tumben el pulso.
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