Por: Julio Ovalle.
La Alternativa Revolucionaria (AR) propone al país que ante el peso que los partidos políticos ejercen sobre la sociedad dominicana, la discusión del Proyecto de Ley Sobre Partidos Políticos, para la regulación de los mismos no sea reducida a vistas públicas sino extendida a toda la sociedad.

Este llamamiento lo dirigimos al país porque las cúpulas de los partidos políticos tradicionales como el PRD, el PLD y el PRSC son “juez y parte” en este debate, fueron los que redactaron acorde a sus intereses la Ley Electoral 275-97 aprobada por sus representantes en el Poder Legislativo.

Ese hecho prueba el secuestro de una democracia cuya inexistencia esos mismos partidos se ven forzados a veces a reconocer tildándola de imperfecta, eufemismo para seguir usurpando la delegación soberana del pueblo.

De ahí nuestro llamamiento a toda la sociedad para que a través de sus distintas formas de organización, presione por una regulación que reduzca de 2% a 1% del total de los votos válidos en el último torneo comicial el porcentaje para apoyar una solicitud de reconocimiento electoral.

Ese requisito imposibilita en las circunstancias actuales que cualquier partido pueda obtener la personería jurídica, obstáculo al que se agrega obligar a que sea miembro o miembra toda persona que favorezca el otorgamiento del registro electoral a una organización política.

Además de esos y otros obstáculos, consideramos necesario que el uso de los medios de comunicación en campañas electorales no siga siendo determinado por la ley del dinero y de otros recursos sino regulado conforme a horas/días máximo en radio y televisión y en los impresos y digitales por pulgadas cuadradas, para que haya equidad electoral entre todas las organizaciones políticas participantes.

Prohibir el financiamiento por el Estado a los partidos políticos con fondos provenientes de los contribuyentes, si se entiende que toda persona estará en libertad de actuar acorde con sus preferencias. Esos fondos debían ser destinados a garantizar los servicios vitales a la población tales como los de salud y de educación.

En ese mimo orden proponemos que sean limitados e identificados los aportes en dinero y en naturaleza de personas físicas y jurídicas a los partidos políticos, penalizando el clientelismo, la intervención de funcionarios públicos, en particular del Presidente y del Vicepresidente de la República, en competencias comiciales, así como las diversas forma de transfuguismo, regulando en ese mismo orden las alianzas electorales.

La aprobación final del proyecto Ley de Partidos Políticos debe incluir la reducción al mínimo de las exigencias para registrar los “agrupamientos políticos”, es decir, la organización de los ciudadanos y las ciudadanas en los municipios y en las provincias.

En cuanto a los procesos de elección internos en los partidos para escoger cualquier nivel de candidaturas electivas nacionales debe ser competencia exclusiva de cada organización, sin intromisión de la Junta Central Electoral ni de ninguna otra instancia estatal.

Las denominadas primarias tampoco deben ser obligatorias, pues lo correcto es que cada organización política decida conforme a su fuero interno y de manera democrática la forma de hacerlo y la denominación conceptual a usar

COMISION POLITICA
SANTO DOMINGO, 20 DE JULIO, 2011

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