Por Almomento.net
San Francisco De Macorís, RD.- El Juez de la Corte de Apelación de la provincia Duarte impuso la madrugada de este martes libertad condicionada al alcalde, la tesorera y un ex empleado del ayuntamiento de San Francisco de Macorís, acusados de corrupción administrativa en el manejo de RD$100 millones.

El juez Claudio Anibal Medrano dispuso que los tres deberán acogerse a una garantía económica y presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales, y además han quedado impedidos de salir del país.

A las 2:00 de la tarde del lunes se inició el conocimiento de la medida de coerción contra el alcalde Félix Rodríguez Grullón, la tesorera, Fiordaliza Genao y el ex encargado de nómina, Gerson Lizardo. Sin embargo, no fue sino pasadas las 3:00 de la mañana cuando el juez Claudio Aníbal Medrano tomó la decisión.

Rodríguez y Genao se habían entregado a la Justicia durante la mañana del lunes, a través de la Procuraduría General de la República, en Santo Domingo. Lizardo Pérez lo hizo la semana pasada.

Las medidas

El juez Medrano expuso que, en virtud de que Rodríguez tiene arraigo, le fue impuesta una garantía económica de cinco millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país por seis meses, al igual que a Genao y Lizardo Pérez, quienes, además, deberán pagar 500 mil y 200 mil pesos, respectivamente.

Al salir del tribunal, Rodríguez valoró la decisión del juez y aseguró que seguirá dispuesto a toda investigación. “Agradezco a Dios que iluminó al juez. Soy inocente, yo fui que solicité ordenar una investigación”, expresó.

Los prevenidos incurrieron en coalición de funcionarios, falsedad, uso de documentos falsos, prevaricación, desfalco, concusión, abuso de confianza y asociación de malhechores, según la procuradora fiscal, Laura Guerrero.

Dijo que de enero 2007 a noviembre 2011, los imputados cometieron un fraude electrónico en la nómina, que incluye pagos sin soportes justificativos y otros delitos.

“Estos son datos tomados como indicadores dentro de una gama de irregularidades detectadas en el informe de la Cámara de Cuentas, pruebas fehacientes que justifican y avalan nuestro solicitud de arresto y allanamiento y el inicio de un proceso legal”, afirmó Guerrero la semana pasada.
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