Junta Central Electoral
Por José Antonio Martínez Rojas
Últimamente se ha desatado un clamor en el sentido de que las Cámaras Legislativas conozcan y aprueben el Proyecto de Ley de Partidos Políticos, preparado por la Junta Central Electoral (JCE) el 15 de junio de 2011, la cual regulará las acciones que tanto los partidos políticos como los mismos políticos, deberán cumplir públicamente en nuestro país.

Sin embargo, a pesar de la insistencia de la JCE, se ha topado con la renuncia de la mayoría de los congresistas, verdaderos comediantes, que en público se declaran a su favor, más en las Cámaras actúan todo lo contrario.

Ha sido notorio, en la Asamblea Nacional cuando el presidente Danilo Medina acudió el 27 de Febrero para presentar las memorias de su gestión durante el año 2013, como el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, en su discurso introductorio, acusó a las cúpulas de los partidos políticos –creemos que también se refirió al suyo- del retraso en la aprobación de ese anteproyecto de ley, atribuyendo el mismo, a la discrepancia en cuanto a la celebración de las primarias que mantienen las diferentes organizaciones partidarias.

Es de notar, que el primer anteproyecto de Ley de partidos políticos fue presentado hace ya más de diez años, cayéndose el mismo en cada legislatura ordinaria por la desidia, falta de interés y sobre todo por las implicaciones de orden económico y jurídicos que los legisladores no están dispuestos a cumplir, ya que la misma eliminará, tanto los “cofrecitos” como los “barrilitos”, instauraciones que constituyen alcancías permanentes de los “sacrificados legisladores” para acopiar recursos y según ellos, darles asistencia social a los que votaron por ellos. Creíamos que fueron electos para legislar, no para hacer obras de caridad.

El anteproyecto de la JCE tiene varios postulados que serán de difícil solución a no ser que haya una férrea voluntad política para su cumplimiento. Por ejemplo: Creemos que el artículos 3 es sumamente controversial. Si bien es cierto que establece que los militares activos, ni los policías pueden afiliarse a un partido político o agrupación política; es improbable que esta misma medida se podrá aplicar en el caso de los jueces del Poder Judicial; los funcionarios del Ministerio Público; los miembros y funcionarios de la JCE, el Tribunal Superior Electoral y las Juntas Electorales.

Este anteproyecto de ley también regula las pre-campañas electorales, así como el tiempo que deberán iniciarse las labores políticas en vista de las elecciones generales.
De haber existido esta Ley, el ex-presidente Leonel Fernández no hubiese podido proceder hasta el último día con el desfile de inauguraciones, muchas de las cuales, todavía al cabo de un año y medio de haberlas inaugurado, no están en uso, ya que no se previó el equipamiento y el personal para manejar las obras así inauguradas. En esta Ley, se contempla que el presidente saliente no puede inaugurar una obra en un período de seis meses anterior a su salida del poder.

La JCE y el Episcopado Dominicano, han solicitado formalmente a los cabecillas de los partidos políticos reconocidos, que aúnen esfuerzos para solicitarle a las Cámaras Legislativas que conozcan y sancionen esta ley que será decisiva en el mantenimiento de la democracia en el país por las premisas que contiene. Además, regulará la actuación y el respeto mutuo que deben acordarse los candidatos a los diferentes cargos electivos, durante el tiempo limitado que dura la campaña electoral.

Somos escépticos, ya que pensamos que si los líderes de los partidos políticos no le bajan esta línea a sus representantes en el Congreso, esta Ley dormirá el sueño eterno, porque los “sufridos y laboriosos legisladores”, no estarían dispuestos a “sacrificar” el interés propio por el de sus electores y menos por la Patria, que al parecer no tiene dolientes. Es necesario, que en las próximas elecciones, los votantes hagan un examen de conciencia y vote por los legisladores que hayan hecho aportes al bienestar general y de la Nación.
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