Por: Marcelo Peralta
Santiago, R.D. La Procuraduría Fiscal de Santiago, condena con profunda preocupación la decisión emitida por el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, que dejó en libertad a un hombre acusado de violar la ley sobre pensión alimentaria quien golpeó a un fiscal adjunto.

Dicha decisión emanada del Tribunal de Atención Permanente, es la número 954 del año 2012, impone que dispuso como medida de coerción, a William Francisco Henríquez Gómez, la obligación de presentarse periódicamente, someterse al cuidado y vigilancia de una persona, como una garantía económica accesoria.
Al efecto, la Procuraduría Fiscal de Santiago presentará su inconformidad al respecto, mediante el uso de la vía recursiva (recurso de apelación), entendiendo la peligrosidad del mensaje enviado por esta decisión, que en todo caso pone en riesgo la integridad de cualquier miembro del Ministerio Público, en el ejercicio de su función como órgano acusador.
La decisión en cuestión, llena de desconcierto a todo el cuerpo del Ministerio Público, pues el rol que desempeña este órgano del Sistema de Justicia, se orienta a la preservación de los derechos de los ciudadanos y a la persecución de acciones delictivas, más ahora con el riesgo de ser igualmente vulnerados los suyos propios, por los infractores de la ley.
Es preciso recordar que este ciudadano, William Francisco Henríquez Gómez, ingresó al Sistema de Justicia por violentar las disposiciones sobre obligación de alimentar a sus hijos menores de edad violando la Ley 136-03, que regula la pensión alimentaria , y como consecuencia del rol que está obligado a cumplir un Fiscal en defensa de los derechos de las víctimas y del Bien Superior del Menor de Edad, el Magistrado OTTO SORIANO consiguió la imposición de una pensión en alimentos en contra del acusado y en beneficio de sus tres hijos menores de edad.
Este ciudadano, Henríquez Gómez, es condenado en fecha uno de junio del 2012, por entender el Juez del Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción, doctor Henry Domínguez; que el ciudadano había violado la ley y por tanto, lo declaró culpable del delito de incumplimiento de obligaciones de manutención.
Sin embargo, este ciudadano en vez de cumplir con su obligación de padre, salió del salón de audiencias y persiguió al representante del Ministerio Público alcanzándolo por la espalda y propinándole un golpe en el acto.
La Procuradora Fiscal de Santiago, Luisa Liranzo, declaró que “la preocupación del Ministerio Público, va más allá de lo que se podría entender como un caso de agresión física y la inconformidad ante una decisión.
No obstante, como respetuosos de la ley llevaremos nuestro descontento por la vía del recurso de apelación, más este caso podría desencadenar acciones muy peligrosas en dimensiones mayores, que atentarían contra cualquier otro miembro del Sistema de Justicia Dominicano.
En este sentido, recordamos con pesar el asesinato de Giovanni Falcone en el año 1992, como represalia a su lucha contra la mafia y el crimen organizado. Por lo tanto, entendemos que el cumplimiento de una labor en materia de persecución penal, debe estar revestida de cierta garantía y protección institucional”.

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